Soat y Afocat demoran pago a los más pobres

El 80% de las víctimas de accidentes de tránsito son ciudadanos de extrema pobreza que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a internet para leer las condiciones que las aseguradoras tienen en su web y esto es una tremenda traba para estos ciudadanos, indicó el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (AVIATRAN), Carlos Villegas. El representante explicó que este grupo, junto a otros ciudadanos, representan el grueso de afectados, o deudos, que están a la espera de cobrar las reparaciones que el SOAT y el AFOCAT deberían otorgarles sin obstáculos, y que suman hasta la fecha 12 millones de soles. Dijo que incluso las compañías deberían buscar a los afectados para pagarles, y no al revés.

| 04 enero 2013 12:01 AM | Actualidad | 2k Lecturas
Soat y Afocat demoran pago a los más pobres
Víctimas de accidentes de tránsito no conocen sus derechos.
Requisitos para poder cobrar las indemnizaciones son muy costosos y casi inalcanzables para 80% de asegurados. Reparaciones llegan a 12 millones de soles.
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Explicó que, entre las trabas más comunes, está el pedido de requisitos sumamente costosos para los ciudadanos de menores recursos. Entre ellos, detalló, está la Declaratoria de Herederos y la Sucesión Intestada, que puede costar más de mil soles. Sin tales documentos, una víctima o sus deudos no pueden acceder al cobro del seguro, pese a que haya cumplido con otros requisitos.

“Presenté varios escritos, por ejemplo, a la congresista María Pérez Tello, de la Comisión de Justicia, donde digo que las compañías están pidiendo una Sucesión Intestada, Declaratoria de Herederos y otros documentos. ¿Cuánto cuesta una sucesión intestada? Cuesta más de mil soles y es un requisito para entregar el dinero”, explicó.

Pidió también al presidente de la República, Ollantra Humala, que desaparezca la Resolución Ministerial 550 del año 2005 porque representa un “tarifario abusivo” pues, explicó, cuando los asegurados se atienden en establecimientos médicos se les cobra un precio demasiado alto, más que a cualquier ciudadano que no tiene seguro.

Mencionó, además, que la Superintendencia de Banca y Seguros, La Defensoría del Pueblo, y el INDECOPI dicen muchas cosas, pero ninguna se preocupa por hacer respetar los derechos de las víctimas.


Roger Chuquín
Redacción


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