¿Por qué las provincias en el Perú no protestan por la minería ilegal?

Regiones como Puno, Arequipa, Madre de Dios, Ayacucho, Ica, La libertad, Piura, son zonas donde se desarrolla la minería ilegal, junto a esta actividad también se realiza la trata de personas y otras actividades ilícitas.

Hace algún tiempo tuve la oportunidad de conocer algunas zonas de la provincia de Caravelí, región Arequipa. En este lugar uno puede encontrar varios asentamientos mineros que llegan a albergar cerca de 3 mil personas.

| 26 mayo 2015 12:05 PM | Actualidad | 5.6k Lecturas
¿Por qué las provincias en el Perú no protestan por la minería ilegal?
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Muchos de estos asentamientos mineros son “visitados” por personas, que en búsqueda de trabajo ponen en riesgo sus vidas – y la de sus familias – en los reducidos, inseguros y mortales socavones de estas minas. Suben a pie por los empinados cerros, por un estrecho camino, con linterna en mano, una mochila con algo de provisiones, pico, combo, sacos y mucho coraje. Las muertes en el lugar se dan muchas veces por asfixia dentro de los socavones, caídas, derrumbes, asesinatos por asalto. Trabajan sin equipos de protección personal, usan dinamita para abrirse paso entre las grandes rocas en búsqueda del tan ansiado metal; dinamita que también es ilegal que llega hasta esas zonas por los caminos rurales, evitando la escasa o muchas veces nulo control de la policía. Los socavones no van más allá de 1 metro de altura por 1 de ancho, eso en el mejor de los casos.

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La escasez de agua y electricidad en la zona, ponen en más riesgo sus vidas y la de los pobladores, expuestos a enfermedades estomacales, los problemas de salubridad y seguridad se agravan, pues abundan los bares clandestinos y la prostitución.

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Quienes dicen ser dueños de estas vetas –así les llaman a los socavones- no entienden o no quieren entender que es ser formal, trabajar legalmente, les interesa un pepino el cuidado del medio ambiente, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que muchos reclaman a la mineras formales, ellos se lo pasan por las “cuatro letras”, se zurran en eso que piden a gritos en las marchas: Licencia Social. Una vez obtenido el mineral aun con roca y tierra, lo llevan en sacos al pueblo para venderlo en los locales donde se muele – conocido como quimbaletes – son en realidad casas; un negocio para ellos normal, así como que tu vecino de a lado tuviera un restaurante; allí colocan las rocas y la tierra en un pozo, donde el agua y el mercurio se mezclan para poder separar y obtener el oro. Luego de esto, a través de una cadena también ilegal de comerciantes y compradores de oro llega a ingresar al mercado formal.

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En el Perú, la minería ilegal mueve aproximadamente cerca de 2 mil millones de dólares al año, del cual ni un centavo ingresa a las arcas del Estado, y encima de todo esto, el Estado tiene que realizar trabajos de remediación ambiental como el emprendido en Puno con una inversión de 200 millones de nuevos soles para la ejecución de proyectos destinados a remediar las zonas depredadas por la minería ilegal; dinero que sale de nuestro bolsillo.

La minera ilegal no aporta ni un sol a las arcas del Estado, no paga impuestos, no tributan lo único que aportan es contaminación, inseguridad, delincuencia, prostitución y muertes que quedan impunes, no permiten el desarrollo de los pueblos de donde extraen el mineral. Está gente pasea tranquilamente en sus camionetas 4X4 por las ciudades en las que tienen una, dos y hasta tres casas, para ellos no hay activista medioambiental, universitario, ni antimineros que les haga un paro, que les exige respeto por la vida de sus trabajadores, que pida por el desarrollo y respeto de los pueblos aledaños, del cuidado que deben tener con el río que pasa por ahí, de impedirles que usen agua de las fuentes subterráneas que es para la casi extinta agricultura del lugar, les importa un carajo que los residuos de agua con mercurio recorran las calles del pueblo de donde extraen el oro, viven despreocupados del futuro y de la salud de los niños que juegan en los humedales que dejan los residuos mineros.

Exigir a una empresa minera formal que cumpla con todo lo exigido por la ley me parece correcto, ser riguroso y fiscalizador también. Con esa misma vara debería “medirse” a los mineros ilegales, con esa misma rigurosidad y muchas veces ferocidad deberían salir a marchar muchos de los que dicen NO A LA MINERÍA. Porque si hay una minería que mata, que fomenta la trata de personas, que vulnera los derechos de las personas y contamina sin remediación alguna es la minería ilegal; y contra ella no hay carteles, no se escucha voces en las calles, plazas, ni se toma carreteras.

David Díaz S.


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Colaborador 9324 La Primera Digital