Piden aprobar plan contra embarazo de adolescentes

Inppares demanda al Estado aprobar plan para reducir embarazo de menores en 40% en diez años. También pide cambiar normas que no facilitan el acceso de adolescentes a servicios de Salud Sexual y Reproductiva.

Por Diario La Primera | 04 jul 2011 |    
Piden aprobar plan contra embarazo de adolescentes
Plan Estratégico Multisectorial tiene el objetivo de reducir embarazos de menores.

El Estado debe aprobar el Plan Estratégico Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente, destinado a reducir los casos hasta en 40 por ciento hacia el 2021, afirmó Sofía Carrillo, coordinadora del Proyecto Voces y Rendición de Cuentas del Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Inppares).

En diálogo con LA PRIMERA, Carrillo manifestó que con esta iniciativa “se busca abordar esta problemática que en los últimos diez años no ha descendido”. Agregó que al momento hay 13,5 por ciento de casos de madres adolescentes embarazadas, “que las coloca en una situación de peligro y vulnerabilidad”. También dijo que en las zonas de selva hay 27 por ciento de menores en estado de gestación.

“Esta situación es preocupante a nivel de los gobiernos regionales y el mismo gobierno central, que en el marco de la transparencia deben señalar cuáles son los avances y dificultades, porque la población adolescente está siendo invisibilizada”, señaló Carrillo, quien añadió que hay casos de mortalidad de adolescentes embarazadas.

Carrillo explicó que existen “barreras legales que impiden que los adolescentes accedan a servicios de Salud Sexual y Reproductiva”. Precisó que en el artículo 4 de la Ley General de Salud, los menores de edad no pueden presentarse a ser atendidos si no están acompañados de sus padres o apoderados, hecho que es común debido a la poca comunicación entre ambos.

También recordó que el Código Penal vigente penaliza las relaciones sexuales entre y con menores, lo cual en palabras de Carrillo hace que no acudan a los establecimientos de salud “porque deben ir acompañados de sus parejas, que en muchos casos son jóvenes de entre 18 y 22 años, y podrían ser procesados por violación pese a que hubo consentimiento”.

Carrillo reconoció que estas “barreras legales” eran causa de presiones de sectores conservadores y la jerarquía de la Iglesia Católica. No obstante, dijo que la situación real “es que las adolescentes se siguen infectando con VIH, y esto no puede ser borrado ni ocultado por estos sectores” y que ante esta realidad “se requieren políticas en el marco de un estado laico”.

Por ello, afirmó que la Ley General de Salud y el Código Penal deben modificarse. Recordó que pese a la aprobación de un manual de Educación Sexual Integral, “un decreto de urgencia hizo que se detenga; esto debe ser cambiado y asumido por el próximo gobierno”, expresó.

Asimismo, indicó que además de la aprobación del plan, el Estado debe incrementar el presupuesto público para los servicios de Salud Sexual y Reproductiva; y que es que necesario brindar atención diferenciada a adolescentes y a madres entre los 15 y 19 años.


Víctor Liza Jaramillo
Redacción

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