Estado fue indiferente a poblaciones indígenas

Amnistía Internacional informa sobre el aislamiento que sufrieron las comunidades originarias de parte del Estado peruano durante quinquenio de Alan García, quien privilegió inversiones mineras.

| 08 agosto 2011 12:08 AM | Actualidad | 2.8k Lecturas
Estado fue indiferente a poblaciones indígenas
En el último lustro el régimen aprista fue indiferente a las necesidades de los pueblos indígenas.
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A pocos días de celebrarse el “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas en el mundo”, el 9 de agosto, los gobiernos de Latinoamérica han hecho poco o nada por reconocer los derechos de estas comunidades, que en teoría se encuentran amparadas en la ley.

El desalentador panorama se agrava más si tenemos en cuenta la visión que poseen algunos presidentes y líderes regionales americanos sobre el desarrollo de actividades relacionadas a la industria extractiva como prioridad, por encima del respeto a las comunidades indígenas.

Ante ello, Amnistía Internacional (AI) presentó su informe “Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo. Los pueblos indígenas de América, bajo amenaza”, en el que se da a conocer la falta de inclusión en las comunidades alejadas del centro de la ciudad capital de los países de América.

Sobre el Perú, el informe revela los numerosos contratos del Estado relacionados a la industria petrolera, llegando casi a cien de ellos. “El ex presidente Alan García no respetó la voluntad de los pueblos indígenas que se negaban a las explotaciones de sus tierras, ya que consideraban que se les iba a perjudicar. Pese a ello, el gobierno de García ha dejado para este gobierno concesiones a diestra y siniestra”, mencionó a LA PRIMERA el coordinador de la Mesa de Trabajo de Pueblos Indígenas de AI, Pablo Vega.

Para Vega, los numerosos contratos petroleros firmados son una suerte de bomba de tiempo para el gobierno presidido por Ollanta Humala, quien tendrá la responsabilidad y oportunidad de enfrentar el problema en el menor tiempo posible. “Al menos, creemos desde el informe de AI, que se solucionen los últimos contratos que dejó firmados el anterior gobierno. El director de Perupetro, Aurelio Ochoa ha dicho que cinco de esos contratos fueron firmados el último día del gobierno saliente”, señaló Vega.

En relación a esta problemática, el informe precisa que el gobierno de Humala debería detener el otorgamiento de concesiones, de autorizar actividades de explotación y de llevar a cabo cualquier otro proyecto de desarrollo que afecte a los pueblos indígenas sin una consulta adecuada, teniendo en cuenta las normas y pactos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ley de Consulta Previa
Una ley tan escuchada pero no aplicada es la de consulta previa a las poblaciones indígenas cuando se trata de actividades extractivas. Según Vega, de su inclusión en la legislación nacional, depende el porvenir de los indígenas.

“Los pueblos indígenas no pueden ser olvidados ni ser víctimas de la indiferencia. Ellos, como ciudadanos, tienen el derecho de expresarse y mostrarse en contra de proyectos extractivos que puedan atentar en contra de su comunidad”, dijo Vega.

En torno a este tema, el informe propone la urgente promulgación de leyes relacionadas al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

No obstante, el coordinador de la Mesa de Trabajo de Pueblos Indígenas de AI recordó que el año pasado el Congreso de la República aprobó una ley que daba a los pueblos indígenas la posibilidad de ser consultados en caso de que un proyecto afecte su población. “Alan García observó la ley y todo volvió como antes. Los pueblos indígenas siguen siendo olvidados”, señaló.

Cambiar de visión
Pero la madre del cordero es la visión que tienen los Estados latinoamericanos sobre el desarrollo. “Los gobiernos toman decisiones sobre la falaz premisa de que los proyectos de la industria extractiva o de otro tipo que multiplican la riqueza y son favorables a los intereses nacionales, no deben verse obstruidos por los pueblos indígenas, que son solo una pequeña parte de la población. Es una manera errada de ver las cosas, sin considerar los derechos de las poblaciones del interior del país”, acusó.


Gabriel Mazzei
Redacción


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