¿Es acaso un delito ser migrante?

Las denuncias públicas de maltratos y arbitrariedades de la Superintendencia Nacional de Migraciones contra extranjeras y extranjeros con familia peruana, y residentes desde hace varios años en el país, son solo la punta del iceberg de una problemática más amplia y compleja, que por el temor, fundado, a posibles represalias, lleva a cientos de víctimas a callar o esconderse para no verse más afectados en su precaria situación.

| 28 enero 2015 03:01 PM | Actualidad | 1.6k Lecturas
¿Es acaso un delito ser migrante?
¿Es acaso un delito ser migrante?

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La pareja del autor de este artículo, de nacionalidad colombiana y con varios años de residencia en el Perú, está a punto de ser expulsada del país por una de las decisiones arbitrarias de la Superintendencia de Migraciones.
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Lo cierto es que todo extranjero que año a año tiene que hacer sus trámites para regularizar su visa de residente lo siente como una ruleta rusa, donde la vaguedad y ambigüedad de la legislación, más los criterios subjetivos, pueden determinar su futuro y el de su familia.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Ciertamente no nace con la creación de la Superintendencia Nacional de Migraciones en diciembre del 2012, porque la anterior Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior (Digemin) no estuvo exenta de quejas de abusos y corruptelas.

La diferencia es que ahora parece un accionar más sistemático e institucionalizado, producto de una política gubernamental de xenofobia, lo que lo hace más peligroso pues, como señala el parlamentario andino Alberto Adrianzén, va en contra de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

La legislación sobre extranjería vigente data de 1991, con el Decreto Legislativo 703, promulgado al inicio del gobierno de Fujimori para adecuar la normativa sobre extranjeros al momento de apertura económica.

REQUISITOS KAFKIANOS

Sin embargo, la principal modificación del marco jurídico sobre extranjeros se dio en 1977, en el gobierno de Morales Bermúdez, cuando la dirección migratoria fue trasladada del Ministerio de Relaciones Exteriores al de Interior, reforzando un concepto policiaco y persecutorio.

Esta Ley nunca fue reglamentada, lo que permitió que se establezcan requisitos burocráticos tan kafkianos como onerosos. Una posterior modificatoria de algunos artículos el 2008, con el Decreto Legislativo 1043 solo se limitó a adecuarla en referencia a inversores y trabajadores, en función del TLC con los Estados Unidos.

El gobierno de Ollanta Humala optó por darle más poder a la autoridad migratoria, convirtiéndolo en una superintendencia autónoma, adscrita al sector Interior, en 2012. Luego constituyó un Grupo de trabajo multisectorial para formular una nueva Ley de Extranjería, que no se materializó, manteniéndose una norma obsoleta e insensible.

Especialmente dramático es el caso de quienes tienen la visa de familiar de residente, porque a diferencia de lo que sucede en la mayoría de países del mundo, incluso Estados Unidos y Europa que son bastante duros en el tema migratorio, en el Perú los hijos no generan derechos ni arraigo para sus padres, y pueden ser separados de ellos si se divorcia o enviuda de su pareja peruana, lo que vulnera principios básicos de protección a la familia y defensa de los niños consagrado en la Constitución. Si esta Ley se hubiera aplicado en tiempos de Ana Chiappe viuda de Mariátegui, ella hubiera sido expulsada del país a la muerte del Amauta.

ERRORES

Como precisa Gisella Vignolo, de la Defensoría del Pueblo, la Ley de Extranjería también discrimina porque hace distingos entre hijo varón y mujer, no reconoce la convivencia, no facilita la regularización de las personas y, lo que es peor, establece sanciones drásticas y muchas veces inapelables contra faltas que a lo sumo no pasan de ser administrativas.

Para quienes tienen visa de trabajo, no es menor su calvario, llegando al absurdo de obligar a los padres a presentar todos los años nuevas partidas de nacimiento mandadas traer desde los países de origen, con todos los costos que ello implica, para confirmar que “subsiste la relación de parentesco con sus propios hijos”.

Lo más grave es que un funcionario puede, como ha sucedido en el caso de mi esposa, Inés Agresott, decidir que lo que en un momento fue validado por la superintendencia, ya no lo es seis años después, dejándola en la ilegalidad pese a tener una vida y familia aquí, por supuestos “errores” de la propia autoridad.

Y si se acude al Poder Judicial para cautelar sus derechos y la sentencia resulta favorable al extranjero, se niegan a acatarla, zurrándose en el estado de derecho, como sucedió con la hondureña Lidia Sabillon, expulsada hace un año pese a estar casada con peruano.

Estas acciones no son excepciones ni torpezas de la superintendencia, que ni siquiera ha cumplido con el mandato legal de constituir su Consejo Directivo, y de la que forman parte los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Comercio Exterior y Turismo.

Responde más bien a una política gubernamental que tiene visos claro de xenofobia y de estigmatización del extranjero que no es turista, en especial en la gestión del actual ministro del Interior, Daniel Urresti.

DECRETO SUPREMO 008

A fines de agosto del año pasado sale el Decreto Supremo 008 que “agiliza” el proceso de expulsión de extranjeros en el Perú, lo que ha permitido que el director de Seguridad del Estado se enorgullezca de haber alcanzado el récord de 350 expulsados el 2014.

Todo parece indicar que la mano dura contra los extranjeros es una forma de recurrir al siempre fácil y rentable expediente de acusar a los de afuera de la ola de criminalidad. Pero las propias cifras del INPE lo desmienten, ya que actualmente hay 1,730 extranjeros, es decir 2.7% del total de presos del país.

Lo cierto es que estas acciones constantes contra los derechos humanos de los migrantes ya atravesaron las fronteras, y la imagen de un país que se presentaba abierto al visitante ha cambiado por la del perseguidor hostil, y que no respeta a la familia ni los niños.

La población extranjera residente en el país no supera las 70,000 personas, frente a los más de dos millones y medio de peruanos en el exterior, que temen que, de continuar esta política, revierta en contra de ellos y sus familias por reciprocidad internacional.

Es necesario que el Legislativo tome cartas en el asunto antes que sea demasiado tarde e inicie acciones inmediatas, como una amnistía para los familiares de peruanos y trabajadores establecidos en situación irregular (si Obama lo ha hecho, por qué no podría también Humala).

URGENTE, NUEVA LEY

Asimismo, una investigación del accionar de la Superintendencia Nacional de Migraciones, no solo por su política xenófoba, sino por escándalos como la obtención en tiempo récord de 72 horas de la visa de residente (que normalmente demora entre 45 y 90 días) por el poderoso narco mexicano Rodrigo Torres.

Finalmente, y no menos urgente, que se elabore una nueva ley de extranjería, que atienda la problemática en toda su integridad y complejidad, con participación plural de instituciones del Estado y la sociedad civil, y recogiendo lo avanzado en otros países y los acuerdos internacionales en los que participa el Perú. Chile discute una nueva normativa con la activa participación de las asociaciones de migrantes, entre ellos más de cien mil peruanos.

Es penoso comprobar que el nacionalismo del gobierno no significaba, como se suponía, una reivindicación de nuestra identidad y recursos nacionales, sino una apelación a la xenofobia y el rechazo al ciudadano foráneo, como los grupos ultraderechistas en el primer mundo. Olvidando, entre otras cosas, que sin el aporte y sacrificio de muchos extranjeros, en una propuesta de integración continental, no hubiera sido posible la independencia del país.

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Como precisa Gisella Vignolo, de la Defensoría del Pueblo, la Ley de Extranjería también discrimina porque hace distingos ente hijo varón y mujer, no reconoce la convivencia, no facilita la regularización de las personas y, lo que es peor, establece sanciones drásticas y muchas veces inapelables contra faltas que a lo sumo no pasan de ser administrativas.

Christian Wiener Fresco


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