El caso Jaime Ayala: 27 años de impunidad

Una de las desapariciones más emblemáticas producidas durante la guerra interna continúa impune. Es el caso de Jaime Ayala Sulca, un joven periodista ayacuchano de 22 años que laboraba en Radio Huanta 2000 y era corresponsal del diario La República, quien desapareció en 1984 por responsabilidad de la Marina de Guerra.

 

| 03 agosto 2011 12:08 AM | Actualidad | 2.1k Lecturas
El caso Jaime Ayala: 27 años de impunidad
Su crimen fue informar de los abusos que cometían militares en Ayacucho.
A casi tres décadas de la desaparición del periodista ayacuchano, los responsables continúan libres. Abogados de los deudos denunciaron al Estado ante la CIDH.

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El 2 de agosto de 1984, Jaime Ayala había salido con dirección al estadio de Huanta, donde estaba una base militar de la Marina de Guerra, para denunciar que agentes de este brazo armado ingresaron la madrugada previa a su vivienda, para agredir y amenazar a su madre y dos de sus hermanos que vivían con el periodista, quien había sido amenazado por dar cuenta de hechos que involucraban a la Marina de Guerra y Sendero Luminoso.
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Al respecto, la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), indicó que este caso “está en una impunidad total, pues no hay proceso abierto contra ninguno de los responsables”. Por ello, anunció que han denunciado al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “y se confirme que el Estado se niega a abrir proceso”.

Recordó que el fiscal provincial de Ayacucho, Andrés Cáceres Ortega, ha formalizado la denuncia contra el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho de la época, general Adrián Huamán Centeno; su par de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano; y el titular de la base contrasubversiva de Huanta, Augusto Cabilondo García del Barco, por ser considerados responsables de la desaparición de Ayala y otros 50 civiles en 1984.

Sin embargo, la denuncia le fue devuelta para que se pronuncie sobre el Acuerdo Plenario, que data del 2009, que manifiesta que dichos militares no podrían ser juzgados por estar en condición de retiro a partir de 1991. No obstante, Cano precisó que la Corte Suprema “evaluó y se apartó de esa resolución”

Cano recordó que la CIDH falló sobre un caso similar en México, y consideró que no era necesario que los implicados “dejaran de ser funcionarios públicos”. Lamentó que “no hay una voluntad, siempre hay objeciones de tipo procesal”, y manifestó que existen presiones desde la Marina, “que contrata abogados para defender a personas incluidas en estas denuncias”; mientras que las víctimas carecen de defensa.

La esposa del periodista, Rosa Pallqui Medina, lamentó que la justicia no haya actuado al respecto y anunció que enviará cartas al Fiscal de la Nación, así como al presidente del Poder Judicial, para que estas instituciones “actúen con seriedad e imparcialidad en la investigación de los hechos”.


Víctor Liza Jaramillo
Redacción

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