Defensoría busca la verdad

La gran cantidad de denuncias de pobladores sobre la presunta responsabilidad de algunas empresas en el desborde del caudal del río Huaycoloro, por rellenar el cauce con desperdicios, originó que el jefe de la Oficina Defensorial de Lima Este, Manglio Álvarez, pida a la Municipalidad de Chosica que informe si hay empresas que invadieron el río Huaycoloro.

| 15 marzo 2012 12:03 AM | Actualidad | 1.6k Lecturas
Defensoría busca la verdad
Son miles los afectados por desborde y empresas se mantienen al margen.
Es posible que el desborde del río Huaycoloro no solo sea cuestión de la naturaleza.

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A LAS AULAS

En la institución educativa 1233 Manuel Fernando Cabrel Nicho, donde estudian 1500 alumnos, y en la Institución Educativa Inicial (IEI) 166, ubicadas en la zona de Villa Leticia, se reanudaron las clases, luego de que los padres de familia y los mismos alumnos realizaran labores de limpieza y fumigación en aulas y ambientes escolares.
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Álvarez señaló que desde el primer momento del desastre natural viene recibiendo denuncias de los pobladores afectados en contra de las empresas Petramás y Unicom, a las que acusan de haber rellenado el cauce del río y con ello propiciar el desembalse del caudal que afectó a casi dos mil de personas, el pasado sábado.

El personal de la Defensoría del Pueblo se mantendrá en la zona de Cajamarquilla, en Chosica, hasta que se restablezcan las condiciones de vida de las personas afectadas por el desborde del río, que inundó con lodo y piedras sus casas.

Por su parte, Juan Arboleda, representante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), aseguró que el desborde no solo se habría producido por el incremento de las lluvias, sino también por la mala acción de empresas del lugar.

“Se generó por lluvias localizadas en las quebradas Jicamarca y Arahuay, aunada a una mala maniobra por parte de empresas, que habrían rellenado el cauce para transportar sus volquetes”, añadió el ingeniero.

Carol Mora, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explicó que el arrojo de materiales de cualquier tipo en los ríos del país por parte de empresas constituye una infracción penada con sanciones económicas y hasta suspensión y clausura definitiva del establecimiento.


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