Comunidades deben ser parte de inclusión

La problemática de las inversiones extranjeras en el rubro de las actividades extractivas es un reto que este gobierno tiene que afrontar, pero sobre todo prevenir a fin de garantizar en primer lugar los derechos de todas las comunidades campesinas, indígenas, amazónicas, las mismas que no han formado parte de las políticas de inclusión de los últimos gobiernos.

| 09 diciembre 2011 12:12 AM | Actualidad | 1k Lecturas
Comunidades deben ser parte de inclusión
Comunidades campesinas piden ser tomadas en cuenta.
Dirigentes campesinos piden que sus derechos sean respetados. Demandan atención en conflictos mineros que afectan el medio ambiente.
1040

Esta fue la principal conclusión obtenida en el “Seminario Nacional de Comunidades Altoandinas: un espacio para dar propuestas”, donde se reunieron más de 60 líderes de comunidades campesinas a fin de debatir y presentar políticas de inclusión social. Ante esta necesidad, la representante de la ONG cusqueña, Coincide, Liliana Oscco, llamó la atención sobre los conflictos que se podrían originar en otras regiones.

“Conga es la noticia pero no es el único problema. Similares conflictos están por originarse en Apurímac, Andahuaylas, Cusco”, dijo Oscco a LA PRIMERA.

“El Estado tiene que intervenir en estos problemas que afectan directamente al medio ambiente, a los ecosistemas, a las comunidades indígenas. Por ejemplo, en Cusco, el proyecto Majes-Siguas perjudica a gran parte de comunidades campesinas, sin embargo la empresa inversora del proyecto se niega a dialogar con el gobierno municipal”, señaló Oscco.

Lideres se reunieron
Las declaraciones de la especialista fueron hechas tras la realización del “Seminario Nacional de Comunidades Altoandinas: un espacio para dar propuestas”, donde se reunieron más de 60 líderes de comunidades campesinas a fin de debatir y presentar políticas de inclusión social.

Las concesiones mineras no escaparon del análisis hecho por Oscco. En este sentido, cuestionó el accionar del gobierno. “Qué tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas otorgando las concesiones mineras y, en colaboración con la empresa interesada, aprobando los estudios de impacto ambiental, si finalmente no respetan el medio ambiente y las comunidades de los territorios afectados”, criticó Oscco.

Al respecto, la presidenta de la Asociación Provincial de Mujeres de Melgar, Puno, Adelma Quispe, planteó la formación de una comisión multisectorial que incluya la participación de las comunidades que se vean afectadas por el proyecto minero.

“La población de Melgar tiene 423 concesiones mineras. Los proyectos de esta índole están mal diseñados, no hay diálogo con las comunidades. El Perú necesita contar con una verdadera autoridad que tenga decisión sobre este tema. El Estado tiene que recuperar su capacidad de regulación pública”, apuntó Quispe.

Para que el gobierno central cumpla con su promesa de inclusión social, Quispe mencionó la importancia que toma la reglamentación de la Ley de Consulta Previa. “La reglamentación tiene que darse para que los proyectos de inversión minera sean consultados antes de ser ejecutados”, anotó. De otro lado, expuso en torno a la urgencia de un ordenamiento territorial de las actividades extractivas.

“Se debe implementar una política de Ordenamiento Territorial (OT) y aprobar la normatividad correspondiente que le dé a los planes de OT un carácter obligatorio para toda medida del sector público y privado”, manifestó Quispe.

La ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, se hizo presente en el Seminario y se comprometió a trabajar en coordinación con las comunidades campesinas y sus principales demandas.


Gabriel Mazzei
Redacción


¿Quieres debatir este artículo? prueba abriendo un tema en nuestros foros.


...
Diario La Primera

Diario La Primera

La Primera Digital

Colaborador 1937 LPD

0.720302820206