Agrarios reclaman por sus derechos

Gritando a voz en cuello arengas como “la patria no se vende, la patria se defiende”, centenares de integrantes de la Confederación Nacional Agraria (CNA) marcharon hasta el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para exigir la aprobación del proyecto de ley que ordena la no privatización del agua, los recursos naturales, así como la derogatoria de un conjunto de 32 decretos legislativos y tres leyes, que atentan contra el patrimonio de todos los peruanos, pues entregarían los recursos del país.

| 19 noviembre 2009 12:11 AM | Actualidad | 559 Lecturas
Agrarios reclaman por sus derechos
Agrarios recibieron apoyo de fonavistas para que se respete su patrimonio.
Superaron el número necesario de firmas para logar la derogatoria de las normas que atentan contra el patrimonio nacional.

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“No es justo que con los 30 mil millones de soles que nos adeudan en el Fonavi, construyan obras de agua potable y alcantarillado, electrificación, ese dinero les pertenece a los 5 millones de fonavistas que durante 19 años esperamos una solución a sus demandas”, reclamo Alcántara.
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“De las 49 mil firmas que el JNE solicita hemos conseguido 56 mil 654 firmas a nivel nacional, con esto esperamos que podamos en el menor tiempo posible lograr la derogatoria de aquellas normas que atentan contra el territorio nacional, los recursos naturales y propiedad de las comunidades campesinas y nativas”, sostuvo el presidente de la CNA, Antolín Huáscar.

Huáscar indicó que de ser privatizado el recurso hídrico los más perjudicados serían los pueblos campesinos y amazónicos del país, pues dentro de unos 15 años el agua será escasa y si le dan a terceros la administración de este recurso, su adquisición será casi imposible por los altos precios que se tendría que pagar”, explicó.

De otro lado, Andrés Alcántara, presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP), quienes también participaron de la marcha, manifestó que con dicha movilización buscan la derogación del decreto legislativo 1037, que establece que con el dinero de la aportación de los fonavistas se realice habilitaciones urbanas en el país, lo que perjudicaría seriamente la posible devolución de los aportes que hicieron por años.


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