Diario La Pr
Paro indefinido ante indiferencia
Cansados de las falsas promesas de las autoridades y a pocos meses de cumplirse dos años de la tragedia que enlutó el sur de nuestro país, los damnificados por el terremoto del 2007 anunciaron la realización de un paro regional en las próximas semanas. Los damnificados marcharon hacia el Congreso de la República para exigirle al presidente Alan García cumpla de una vez por todas con la entrega de los bonos de 6 mil soles y la transferencia de presupuesto para los proyectos que aprobó el Fondo para la Reconstrucción del Sur (Forsur).
Damnificados del sur no bajan la guardia y exigen al gobierno los bonos prometidos y la entrega de donaciones."
Desde el sur chico del país llegaron hasta el Congreso para exigir atención.
El presidente de la Asociación de Centros Poblados y anexos de El Carmen - Chincha, aseguró a LA PRIMERA que mediante la marcha buscan exigir al gobierno celeridad en reconstruir las localidades afectadas del sur del país (como colegios, hospitales e infraestructura en general). Asimismo, piden que el Ejecutivo mediante un Decreto de Urgencia apruebe la entrega de las tarjetas de Banmat, para el total de pobladores afectados, ya que en abril del año pasado sólo un 20% de 90 mil pobladores damnificados recibió la mencionada tarjeta.
“Ya han pasado diecisiete meses y aún esperamos que se cumplan todas las promesas hechas durante los primeros días después del terremoto, muchos de nuestros niños, ancianos y familias enteras están viviendo en las calles. Nuestras provincias han sido declaradas en emergencia y eso parece no interesarles, nosotros nos preguntamos dónde están los millones de dólares donados”, aseveró el dirigente.
Por su parte, Percy Oliva Napa, coordinador del Frente de Defensa del Distrito de Sunampe - Chincha, señaló que “los miles de pobladores damnificados no viven sino sobreviven, ya que las familias viven aún en carpas que fueron donadas en el inicio de la tragedia y ahora están deterioradas”. Finalmente, el dirigente de Sunampe solicitó que la entrega y distribución de los bonos sea de una manera equitativa, a fin de que llegue a toda la población y así evitar que sólo lo obtengan allegados de las autoridades locales.
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