El pleno del Tribunal Constitucional podría dar un giro inesperado a sus resoluciones que desestiman investigar el destino que las organizaciones no gubernamentales (ONG) le dan a los fondos que reciben de la cooperación internacional, adelantó ayer el magistrado aprista Fernando Calle.
“Lo que dijo un pleno anterior en una sentencia inclusive vinculante, puede el nuevo pleno variarlo y tener otro criterio”, aseveró al comentar la posibilidad de que las ONG presenten una acción de inconstitucionalidad en caso el pleno del Congreso apruebe una iniciativa que señala que los proyectos y programas ejecutados por las ONG son susceptibles de fiscalización por parte de la gubernamental Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Apci), independientemente del origen de su financiamiento, para evitar que esos organismos fomenten actos de violencia. Según la legislación vigente, la Apci sólo puede fiscalizar los proyectos financiados por fuente oficial (agencias de gobiernos extranjeros y organismos multilaterales), pero no los pagados por auspiciadotes privados.
El proyecto fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores e impulsado por la bancada Fujimorista, a pesar de que un reciente informe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Apci (339-2008/APCI-OAJ) sostiene que la iniciativa aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores, trata sobre materias declaradas inconstitucionales por el TC.
“Siempre he creído que en esto debe haber continuidad, lo ideal era que los mismos magistrados que evaluaron la ley Apci hagan las mismas revisiones”, agregó Calle.
Frase para la histeria : “Ninguna circunstancia política, de orden público, es suficiente o puede detener este trabajo y marcha, que significa la consolidación del Perú como potencia económica sudamericana”.
Sólo la suspensión de siete nacionalistas impidió alcanzar los 61 votos reglamentarios, pero técnicamente el equipo ministerial ya recibió el repudio popular.
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