Diario La Pr
Víctimas de la violencia exigen anular decreto discriminador
Los familiares de las víctimas de la violencia política denunciaron ser objeto de discriminación compensatoria en el Decreto Supremo 051-2011 del gobierno, que solo les otorga 10 mil soles de reparación económica, cuando a los ronderos se les pagó 30 mil soles.
Reclaman que reparación económica sea de 30 mil soles, suma entregada a otros afectados. "
Familiares de víctimas señalan que son objeto de discriminación.
“Hay un cLima indignante y frustrante de todas las víctimas y familiares de víctimas de la violencia política durante el primer gobierno de Alan García, que desapareció a nuestros seres queridos y hoy nos da una reparación de 10 mil soles que no satisface en absoluto las expectativas de cada una de las víctimas, por eso exigimos la derogatoria del decreto nefasto”, dijo Doris Caqui, representante de la Coordinadora Nacional de Víctimas y Afectados por la Violencia Política (Conavip) ayer en conferencia de prensa.
Inconsulta
Caqui enfatizó que el gobierno nunca quiso dialogar con Conavip ni consultarle el monto de la reparación, actitud que calificó de autoritaria. “Ese monto de 10 mil soles no es nada reparador. En ningún momento el gobierno nos ha consultado ni ha querido dialogar con nosotros y ha dicho que es una decisión administrativa. El secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial nos dijo que ese monto no era discutible y, por tanto, nada teníamos que ver”, remarcó.
Doris Caqui anunció que los afectados quieren dialogar con el gobierno entrante de Ollanta Humala para hacerle ver esta situación y que se reabra la consulta para determinar un nuevo monto. “Vamos a tratar de reunirnos con el presidente electo y esperamos atienda nuestro problema, nos escuche y nos tome en cuenta”, dijo.
El presidente de la Asociación Pro derechos humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, sostuvo que a las víctimas se les debe dignificar y no dejarlas de lado al pretender darles montos de reparación inconsistentes y discriminadores que han generado rechazo.
Expresó que el mencionado decreto carece de validez porque no fue motivo de consulta a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de la implementación del Programa de Reparaciones.
“Nosotros formamos parte de la comisión y no hemos sido convocados para discutir o aprobar esta propuesta. También hay una pretensión de querer cerrar el registro único de víctimas al 31 de diciembre y eso contraviene la Ley 28592, la cual dice que el registro es permanente”, señaló.
Soberón indicó que el próximo gobierno debe formar una comisión que investigue los delitos contra derechos humanos en este segundo gobierno de Alan García. “Esperemos que el próximo gobierno forme una comisión investigadora en el Congreso para identificar la responsabilidad política y la sanción por las 80 muertes que ha dejado este gobierno por la criminalización de las protestas como es el Baguazo, las víctimas de Tía María, del valle de río Tambo, de Oyón, de Cajamarca, y así se determine las responsabilidades políticas, y de ser necesario, derivar los casos al Ministerio Público para determinar la responsabilidad penal”, declaró.
Javier Solís
Redacción
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Tags: gobierno, victimas, comision, politica, reparacion, monto, soles, decreto, violencia, dialogar,
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