Diario La Pr
Veto de García a ley de nativos puede causar un nuevo baguazo
El evidente retroceso mostrado por el gobierno para promulgar la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas, tal como se comprometió tras los sucesos de Bagua, no sólo implica que nuestro país se ponga al margen de los convenios internacionales que ha suscrito, sino que reaviva las tensiones entre el Ejecutivo y las poblaciones indígenas amazónicas y de otras partes del país que podrían caer nuevamente en un estado de explosión social pues consideran que este reclamo fundamental es burlado una vez más.
Piden a Congreso mantener su posición ante las observaciones de García a la ley. Hablan Pizango y diversos especialistas. "
Dirigentes nativos alertan que puede haber convulsión en la selva.
Aníbal Francisco Cuñivo, coordinador del consejo consultivo de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), lamentó la decisión del presidente Alan García de observar la ley aprobada en el Congreso, a la que reconoció como un texto de consenso, y dijo que tal actitud puede convertirse en una “bomba”, en motivo de una nueva explosión social en la Amazonía, por el rechazo que despierta.
“El presidente, está desperdiciando la mejor manera que ha tenido de reconciliarse con la Amazonía, después de los hechos de Bagua”, señaló el dirigente nativo, recordando que la Ley de Consulta Previa es precisamente la principal demanda de la población nativa y su ausencia ha sido motivo de numerosos conflictos, entre ellos el que ocurrió en Bagua el 5 de junio del 2009.
Cuñivo se mostró sorprendido además por la decisión del primer mandatario, pues recordó que los representantes del Ejecutivo en la Mesa de Diálogo Nº 3, instalada después de estos sucesos para elaborar una propuesta de ley, no presentaron estas objeciones en los seis meses de trabajo que cumplieron.
Nosotros no nos oponemos al desarrollo, pero queremos que venga con justicia y que no sea solamente saqueo que es lo que ha sufrido hasta ahora la selva y donde vemos que las utilidades y las ganancias se las llevan los inversionistas, manifestó el dirigente de Conap, entidad que representa a 25 Federaciones de la Amazonía.
El presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, expresó igualmente su preocupación por la actitud presidencial, pues dijo que no sólo se margina y desprecia a los pueblos originarios, sino a todos los peruanos al no promulgar la Ley de Consulta.
“No estamos hablando de un pequeño grupo de seres humanos, sino de un grupo masivo. Se trata de los recursos de todos los peruanos”, declaró el líder amazónico a Ideele Radio.
Referéndum
La reacción ante la actitud presidencial se expresó también en el Congreso, donde la bancada del Partido Nacionalista anunció que pedirá que la autógrafa de la ley sea puesta nuevamente a disposición del pleno para someterla a una segunda votación y ratificación, ya que fue aprobada por unanimidad.
La legisladora nacionalista Ya-neth Cajahuanca dio a conocer que si el gobierno no acepta la decisión del Congreso, su partido pedirá someter su aprobación a un referéndum en el más breve plazo, luego de cumplir con el requisito de adquisición del kit electoral y la recolección de firmas.
La congresista no dudó de la intención del Ejecutivo de observar la ley, pues la norma no calza dentro del formato de desarrollo del modelo económico neoliberal excluyente del gobierno de García, que no quiere considerar la opinión de la población.
Sostuvo que las inversiones extractivas no han mejorado la calidad de vida de la población, como ocurre con Cajamarca, que es primer productor de oro en SudAmérica pero tiene el 78% de pobreza entre sus habitantes.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, Elizabeth León, anunció que este grupo de trabajo “insistirá” por el texto de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y dijo que, para ello, el grupo legislativo ha elaborado la respuesta a las ocho observaciones que hizo el Ejecutivo esta semana. La comisión se reunirá el 6 de julio.
Reveló asimismo que la presidenta de la Comisión de Constitución, Mercedes Cabanillas, que presentó el proyecto aprobado por el Congreso, le adelantó que su grupo de trabajo insistirá en algunos aspectos de la propuesta, pero en otros se allanará a las observaciones del Ejecutivo.
El congresista Guido Lombardi, presidente de la comisión que investigó los sucesos de Bagua, señaló que hay un desinterés, torpe y ciego, de parte del Ejecutivo y del Congreso para resolver la problemática de la Amazonía.
Consideró que la consulta y el consentimiento de los pueblos amazónicos son indispensables para cualquier empresa que intente trabajar allÑ “El Ejecutivo tiene la decisión final, pero sin la licencia social no hay empresa que pueda trabajar”, señaló el legislador.
No es veto
También se sumaron al pedido de mantener la autógrafa del Congreso los integrantes de la Coordinadora Nacional de derechos humanos, quienes calificaron como inconsistentes estas objeciones y las rebatieron una por una. El secretario ejecutivo de la coordinadora, Ronald Gamarra, descartó que la norma establezca el derecho a veto a favor de las comunidades, tal como aseguran los representantes del gobierno. En ninguna parte de la Ley aprobada por el Congreso se menciona o se impone este derecho, refirió.
Por el contrario dijo que la ley señala claramente que, de no llegar al consentimiento, la decisión final es del Estado, el que tendrá que tomar las medidas necesarias para evitar la afectación de derechos a los pueblos indígenas. “No es cierto que el Estado renuncie al Ius Imperium, como se afirma”, expresó.
Hernán Coronado, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (Caap), manifestó que la actuación del presidente ahonda más la brecha que existe entre el Ejecutivo y los pueblos indígenas, pues la visión gubernamental coloca a los pueblos indígenas como obstáculos para el desarrollo.
Además pone al Perú en una situación de incumplimiento de compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Indicó que el presidente García se comprometió el pasado 10 de junio, en la sede de la OIT en Ginebra, a cumplir este tratado, pero en setiembre, cuando se producirá una nueva cita con este organismo, tendrá que explicar cuál es este nivel de cumplimiento.
Gobierno le sigue poniendo trabas
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, reiteró ayer las objeciones del Ejecutivo a la Ley de Consulta Previa aprobada en el Congreso, y dijo que las mismas serán vistas en una legislatura extraordinaria.
Tal posibilidad estaría en peligro, pues de acuerdo a lo señalado ayer por la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Elizabeth León, el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, hizo un “saludo a la bandera” al pedirle a ella y a su colega Guido Lombardi, presidente de la comisión investigadora de Bagua, que recolecten las firmas de los congresistas para garantizar la realización de una legislatura extraordinaria.
El mismo titular del Parlamento autorizó los viajes de representación de los congresistas a partir del miércoles. “Parece que el presidente (Alva Castro) ya se contagió de la práctica de decir una cosa para el público cuando todos saben que en la práctica no se va a concretar”, señaló la parlamentaria.
También informó que Alva se comprometió igualmente a coordinar con la Junta de Portavoces el pedido de Lombardi para que el informe final de su comisión sea visto en una sesión extraordinaria y no como último tema de una sesión maratónica que se prolongue hasta la medianoche, como ocurrió el último miércoles.
Esvieta Topovich
Redacción
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Tags: ejecutivo, presidente, congreso, pueblos, comision, indigenas, pues, consulta, decision, bagua,
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