Diario La Pr
Unidad de Conflictos debe ser reorganizada
Organismos de derechos humanos y participación ciudadana afirman que esa instancia de la Presidencia del Consejo de Ministros debe anticiparse a los conflictos sociales.
PLANTEAN QUE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL LOS HAGA MINISTERIO DEL AMBIENTE "
Analistas políticos y representantes de organizaciones de la sociedad civil coincidieron en señalar que la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debe reorganizarse para atender debidamente las pugnas y actuar con anticipación al estallido de los conflictos, que suman 220 en noviembre, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo.
LA PRIMERA dialogó con especialistas en temas de derechos humanos y participación ciudadana, que cuestionaron la manera en que se sigue abordando los conflictos sociales, a propósito de los sucesos en torno al polémico proyecto minero Conga, que devinieron en un estado de emergencia levantado oficialmente el viernes.
La secretaria general de la Coordinadora Nacional de derechos humanos (CNDDHH), Rocío Silva Santisteban, sostuvo que es necesario “organizar mejor” esta instancia. “Allí quizás hay algún problema, se requiere reorganizar esta institución”, dijo.
“A mi parecer la Unidad de Prevención de Conflictos no está funcionando como debería de funcionar; no está haciendo un trabajo de prevención, está con la misma lógica del gobierno de Alan García, eso no puede ser, no tiene sentido”, expresó la también periodista y literata.
MALESTAR Y FRACASO
También afirmó que existe “un gran malestar (del interior del país) hacia Lima por las decisiones que se están tomando”. Sin embargo, afirmó que en la CNDDHH “tenemos la esperanza que el Ejecutivo tome las mejores decisiones para controlar los conflictos”.
Por su parte, el coordinador ejecutivo de la organización no gubernamental Propuesta Ciudadana, Javier Azpur, afirmó que la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM “ha fracasado en todas las líneas” y, para revertir esta situación, “es necesario replantear todas las estrategias” que ha realizado hasta el momento en su labor de atención a los conflictos sociales.
Azpur explicó que esta conflictividad se debe a que el Estado “ha sido un aliado de las grandes inversiones, y de manera unilateral ha defendido esos intereses particulares y no ha buscado representar, intermediar y conciliar intereses diversos”.
Ante ello, propuso implementar un sistema nacional de apoyo a la Unidad de Conflictos, donde los gobiernos regionales puedan participar y ser instancias de diálogo, “para poder canalizar los intereses diversos” de las diferentes comunidades donde hay conflictividad social.
En tanto, el experto Carlos Monge, del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), indicó que el problema va más allá de lo que pueda hacer la Unidad de Conflictos de la PCM, pues el actual marco jurídico de inversiones y medio ambiente ha generado que el porcentaje de conflictos socioambientales haya aumentado de 40% a 56%, al menos en el último lustro.
Monge argumentó que esta oficina de la PCM “ha sido reducida a una función de correr detrás de los conflictos para armar mesas de negociación y ver qué se puede hacer” ante los múltiples conflictos en el país.
Ante ello, propuso que debería ser “la cabeza nacional de un sistema de prevención de conflictos”, la cual debe ser constituida con el aporte de los gobiernos regionales y locales “de manera que desde muy temprano pueda hacer seguimiento a situaciones que puedan generar conflictos y que no estemos como ahora estamos”.
Según Monge, al mismo tiempo deben tomarse medidas para apoyar la labor de la Unidad de Prevención de Conflictos, como la realización de una zonificación territorial para determinar en qué lugares pueden ejecutarse actividades extractivas, y la pronta reglamentación de la Ley de Consulta Previa.
EL TEMA DE LOS EIA
Los analistas consultados por LA PRIMERA concordaron en que los estudios de impacto ambiental (EIA), transferidos recientemente a la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, deben estar a cargo del Ministerio del Ambiente.
Silva Santisteban, Azpur y Monge recordaron que cuando los EIA eran aprobados por el Ministerio de energía y Minas, entidad encargada de promover la inversión en estos temas, había serios conflictos de intereses.
Silva Santisteban sostuvo que “es contraproducente” que los EIA estén bajo el ámbito de la PCM, y que su ejecución “requiere de un gran manejo técnico. También criticó que “todo el mundo opine” sobre este tema, “es una falta de seriedad porque los EIA son muy complejos, tienen que ser leídos por especialistas”.
Por su parte, Azpur propuso que los EIA “tienen que contar con todas las garantías del caso, y eso implica que no sean las empresas las que definen y contratan a la entidad que los realiza”. También planteó el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente para tomar las riendas en este tema.
Agregó que debe crearse un fondo, generado por las entidades extractivas, que debe ser gestionado por el Ministerio del Ambiente, el cual debe garantizar “que las entidades que realizan los estudios no los hagan en función de los intereses de las grandes inversiones, sino que de verdad hagan un estudio técnico en profundidad”.
Víctor Liza Jaramillo
Redacción
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Tags: conflictos, prevencion, unidad, intereses, ministerio, azpur, nacional, ambiente, santisteban, todas,
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