Operación policial en la Curva del Diablo sigue siendo cuestionada. Testigo señala que fue innecesaria.
DETALLE
Los indígenas iniciaron sus protestas el 9 de abril, con tomas de carreteras, bloqueos de ríos y ocupación de instalaciones petroleras, tras largas e inútiles gestiones y diálogos en los que no fue aceptada su demanda de que sean derogados los decretos legislativos —vinculados al tratado de libre comercio con EEUU—, que consideran atentatorios contra los intereses nacionales y el hábitat de las etnias selváticas.
El gobierno ordenó a la policía desalojar por la fuerza el trágico 15 de junio a los indígenas que bloqueaban la Curva del Diablo, en Bagua, pese a saber que los nativos habían decidido retirarse ese mismo día y así lo habían comunicado a los mandos policiales, confirmó ayer uno de los amazónicos.
Un día antes de la incursión sangrienta en la Curva del Diablo, los dirigentes indígenas habían acordado retornar a sus comunidades, enterados que la Policía Nacional iba a desalojarlos con apoyo del Ejército y habían acordado con la policía para poder replegarse. Sin embargo, efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), desconociendo el acuerdo, irrumpieron para desalojar el lugar, lo que terminó con la muerte de 34 personas policías y nativos.
Juan Carlos Manuin Rosales, hijo del líder awajún Santiago Manuin Valera, volvió a poner sobre el tapete el hecho que la barbarie pudo evitarse y la responsabilidad que atañe a los jefes de la Policía, a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas y el premier Yehude Simon.
Manuin Rosales, cuyo testimonio se suma al de jefes nativos y fuentes policiales consultadas, dijo a LA PRIMERA que los apus, entre los que se encontraba su padre, por intermediación del obispo Santiago y la Defensoría del Pueblo optaron por la retirada el 4 de junio, para evitar enfrentamientos, pero no pudieron volver a sus comunidades por descoordinación y notificaron a la policía que habían postergado el desbloqueo para el día siguiente. Pese a ello, a las cinco de la mañana del 5 de junio, la selva amazónica se volvió un verdadero infierno.
“Fue entonces que mi padre (Santiago Manuin) aparece en escena para reclamar a los policías por el ataque a los hermanos (indígenas), porque existía un acuerdo el día anterior y era que íbamos a retornar (a las comunidades). Este fue un acuerdo con el fiscal, la Defensoría de Pueblo y también estuvo allí el obispo Santiago pero la policía se adelantó, incuso disparándole a mi papa 8 balazos”, recalcó.
Denunció que, pese a que Manui Valera intento tranquilizar los ánimos y nunca hizo de azuzador, el gobierno lo ha denunciado por una serie de delitos que van desde daños agravados hasta homicidio calificado. El Apu está internado en calidad de detenido en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo, donde se recupera de sus heridas,
El primer Juzgado Penal de Utcubamba, a cargo del juez Francisco Miranda, abrió proceso penal contra el jefe de los apus de las cinco Cuencas de Santa María de Nieva y uno de los lideres más importantes de las comunidades aguaruna-huambisa y otras 60 personas por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, atentado contra los medios de transporte público, daños agravados, y otros más.
Ante ello, la defensa de Manui Valera ha presentado una apelación contra el mandato de detención, recurso que deberá resolver la Sala Penal correspondiente en los próximos días.
En tanto, Manuin Valera, que recibió el premio Reina Sofia por su trabajo en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, será sometido a una tercera intervención quirúrgica y ha decidido no dar declaraciones a la prensa para no entorpecer el proceso judicial abierto en su contra.
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