La titular de este grupo, Esther Saavedra, presentó ayer el preinforme de los resultados de las investigaciones efectuadas en nueve meses de trabajo y dijo que solicitará a la Comisión de Fiscalización, de la cual depende, una prórroga de 120 días para culminar las investigaciones y exigir la presencia de Álvaro Delgado, exsuperintendente de la Sunarp que se negó a acudir a declarar cuando fue citado. La ampliación deberá ser aprobada por el pleno.

Saavedra, acompañada de los congresistas Justiniano Apaza y Héctor Becerril, sostuvo que, de ser el caso, recurrirán a los mecanismos que les asisten de acuerdo a ley, para lograr que los exfuncionarios declaren, lo que equivale a hacerlos traer por la Policía.

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
Dicho documento revela una serie de irregularidades. Por ejemplo, el año 2011, la Sunarp destinó la suma de 3’884,000 nuevos soles a campañas publicitarias que no estuvieron presupuestadas.

Las campañas fueron diseñadas y ejecutadas con ampliaciones presupuestales a través de oficios, concluyéndose que los términos de selección de los postores y ganadores se hicieron desde la sede central.

Saavedra informó que el costo fue fraccionado, por orden de la oficina central a través de las jefaturas registrales, en 390 pequeños contratos por montos inferiores a tres unidades impositivas tributarias, para que sean realizadas por adjudicación directa, sin concurso público.

Agregó que las órdenes de contratos fueron hechas solo por memorandos y ninguno de los productos contratados o servicios adquiridos ingresó a las sedes zonales.

En la investigación están comprendidos los exgerentes Oswaldo Flores, Delia Cabezudo, Luz Cayetano y Braulio López, así como los trabajadores Omar Corimanya Reyes, técnico de Imagen de la sede central de la Sunarp, Líder Vásquez Rojas y Ricardo Melgarejo Huerta, Especialista en marketing de la Sunarp.

COLUSIÓN
La investigación detectó en este mismo caso, una supuesta concertación con los proveedores, habida cuenta que 17 de los 18 presentan cuenta bancaria en una misma entidad y en números correlativos, a lo que se suma que los proveedores tienen el mismo domicilio legal y siete han impreso sus recibos en la misma imprenta, pese a que son de diversas jurisdicciones. Es decir no se seleccionaba a los proveedores.

El preinforme señala, en base a esos hechos, que existen indicios razonables de la presunta comisión de los delitos de colusión simple y agravada, así como de negociación incompatible, en los cuales también estarían inmersos los jefes zonales y regionales, además de los exfuncionarios de la sede central.


Vilma Escalante
Redacción