En el Congreso. Yehude y el cuestionado proyecto anti ONGs.
PROYECTO FASCISTA
El parlamentario nacionalista Daniel Abugattás calificó de “fascista” al proyecto de ley 2872. “El proyecto de ley 2872 confirma que el gobierno está virando a una tendencia fascista, pues está buscando la desactivación de toda organización social. La bancada nacionalista ya decidió en consenso, rechazar el proyecto cuando sea debatido en el pleno del Congreso”, manifestó.
Representantes de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) cuestionaron que el premier Yehude Simon haya firmado con el presidente Alan García, el proyecto de ley 2872, conocido como Ley Mordaza, porque él fue beneficiado por las campañas de estas instituciones que lograron liberarlo de su injusta carcelería.
El abogado Carlos Rivera, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó de “poco moral” la actual posición de Yehude Simon. “Consideramos doblemente poco moral que el premier lo haya firmado, cuando las ONG ayudaron a sacarlo de la cárcel. Suponemos que no fue por ignorancia porque es una persona preparada”, sostuvo.
El letrado recordó que Yehude Simon fue excarcelado en noviembre del 2000, y sólo gracias a la presión de las ONG de derechos humanos, por lo que “llama la atención” que él haya suscrito un proyecto de ley que atenta contra la integridad de las organizaciones civiles en general.
El proyecto García-Simon pretende incluir en la ley “dos causales generales, en los que podría caber de todo, desde críticas al gobierno o al Ejército”, enfatizó Rivera. “Desde 1984 ese tema ya está estipulado en el Código Civil”, explicó.
Rivera informó que los únicos antecedentes a esta iniciativa legislativa fueron registrados en dictaduras militares. “Si ese proyecto se convierte en ley, tomaremos las acciones constitucionales correspondientes”, dijo.
A su vez, Gloria Cano, representante de la Asociación Pro derechos humanos (Aprodeh), afirmó que Yehude Simon ha traicionado sus propias palabras, cuando él se definió como una “persona democrática”. Aprodeh llevará el caso al Tribunal Constitucional y a instancias internacionales para evitar que esta ley sea promulgada.
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