Diario La Pr
Se viene la evaluación de toda la burocracia
El decreto legislativo 1023, parte del inagotable paquete de medidas amparadas en las facultades para la implementación del TLC, se refería a la instauración de un sistema de evaluación, estímulo y sanción del empleo público, que debería ser ejecutado a través de un organismo denominado Autoridad Nacional del Servicio Civil, una especie de gran poder que podrá determinar el futuro de muchos trabajadores con largas carreras en el Estado.
Ana María Risi.
Ahora acaba de emitirse una resolución de la presidenta ejecutiva de esa nueva entidad, Nuria Esparch Fernández, que nombra a la nueva secretaria técnica del Tribunal de la Autoridad del Servicio Civil, última instancia que decidirá sobre cualquier reclamo sobre las disposiciones que deriven de las evaluaciones realizadas. La designada es la abogada Ana María Risi Quiñones, ex secretaria general de la Contraloría General de la República en la mayor parte del período de Genaro Matute.
¿Qué criterios se han empleado en esta designación? Uno solo: que el gobierno dispuso tercerizar los principales nombramientos del nuevo organismo, encomendando la selección a la Escuela Superior de Administración de Negocios (ESAN), que adquirió una marcada preponderancia en algunas decisiones de la administración de Alejandro Toledo, como la designación de Matute, de quien había sido colega Toledo en la plana docente de ESAN.
Gracias a esa ventajosa ubicación y en medio de la controversia sobre los títulos del responsable de la Contraloría, se otorgó insólitamente categoría universitaria a ESAN, entidad dedicada al reforzamiento de la formación de negocios de empleados de empresas privadas. Con García no ha cambiado esta situación, probablemente por el papel de interlocutor que mantiene Matute.
Ahora ese poder se evidencia en que una de sus engreídas, Risi Quiñones, se convierte en una superjueza para el destino de alrededor de un millón de personas. La intervención de ESAN en la selección no ha sido, además, a título gratuito. Diversas versiones hablan de un posible desembolso de 150 mil dólares a favor de esa institución, la cual preparó las pruebas de evaluación de los maestros, que fueron duramente criticadas por numerosos especialistas.
A amplios sectores de la administración pública les preocupa el peligro que el DL 1023 se use arbitraria y hasta totalitariamente contra los trabajadores nombrados y contratados del Estado, así como la forma en que se organizan argollas y círculos de poder.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
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Tags: esan, administracion, designacion, matute, poder, autoridad, servicio, trabajadores, contraloria, risi,
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