“Los documentos reflejan muy claramente la conclusión de los embajadores y de la embajada norteamericana, de que las operaciones ilegales fueron producto de una política del gobierno y no resultado de elementos fuera de control del ejército, Policía o servicios de inteligencia”, precisó durante su presentación en LA PRIMERA Sala Especial que juzga a Fujimori.

Reveló que desde 1990 ya existían documentos que expresaban directamente a Fujimori su preocupación sobre información de inteligencia que manejaba la embajada sobre el involucramiento de miembros del Ejército y del Servicio de Inteligencia en operaciones tipo escuadrones de la muerte (como el denominado Grupo Colina) y violaciones de los derechos humanos.

Dos caras
Doyle, analista en jefe sobre política exterior norteamericana en América Latina para el National Security Archive, explicó que, según el análisis del embajador y la información de inteligencia que recopiló, una política de Fujimori fue el apoyo público a los derechos humanos y el respeto al estado de derecho, dentro del contexto de la lucha contra la subversión, pero al mismo tiempo ejecutaba una política secreta que fue la estrategia clandestina para luchar agresiva e ilegalmente contra la subversión a través de operaciones de terror violatorias de los derechos humanos y fuera del marco de la ley.

La preocupación por el involucramiento de personal del Ejército del Perú en violaciones de derechos humanos no era sólo del embajador, sino también del Departamento de Estado que enviaba cables haciendo preguntas y solicitando investigar más el tema, manifestó Doyle durante la audiencia en la que estuvo presente el ex presidente, aunque omitió referirse al apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos al régimen Fujimorista.

Los documentos desclasificados, que serán leídos en la siguiente fase del proceso, también reflejan el señalamiento de que el gobierno de Fujimori estaba tratando de encubrir las operaciones ilegales de su aparato de seguridad, reveló la perito.

Sistemática violación de derechos humanos
En el documento desclasificado Nº 1993Lima06367 de junio de 1993, en su párrafo 2 señala “el 3 de junio durante una reunión con el Consejero Político (Embajada EE.UU.) (…) discutiendo sobre el caso La Cantuta (…) durante 1990 – 1991, el asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, discutió con (…) la necesidad de un grupo clandestino que pueda continuar el esfuerzo contraterrorista del grupo paramilitar del APRA, Rodrigo Franco”.

Más adelante el mismo texto señala que en 1991 había comentarios de “que el grupo había sido formado”.

En su párrafo 3, dice que el general Chirinos, a quien el general Robles sindicó como su fuente sobre los asesinatos de La Cantuta, se había opuesto a las actividades del SIN y del grupo paramilitar del Ejército.

En otro documento, el Nº 1994Lima05894 de junio de 1994, bajo la denominación de “sistemáticas violaciones de derechos humanos bajo Fujimori: ex oficial del Ejército describe su rol en asesinatos, cartas bombas, violación y tortura”, este informante hace llegar a la Embajada de Estados Unidos en Lima un recuento de “su participación directa” en varios asesinatos y colocación de “5 cartas bombas en 1991 que mataron dos personas y mutilaron dos”.

Sólo gastritis 
La parlamentaria Keiko Fujimori manifestó ayer que recibió el reporte médico que señala que su padre Alberto Fujimori no tiene un tumor maligno e indicó que sufre de gastritis severa, debido al alto nivel de estrés al que está supuestamente sometido.

Señaló que todavía no se conocen los resultados de la tomografía a la que fue sometido por esta dolencia.

Según informó la Oficina de Prensa del Poder Judicial, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema no ha recibido hasta el momento los resultados de los exámenes practicados al ex presidente en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), por lo que no hubo un pronunciamiento oficial.

El ex dictador fue sometido el último fin de semana a una serie de exámenes médicos en el INEN.