Registro Único de Víctimas
La Defensoría del Pueblo insistió en la derogatoria de un decreto emitido en los finales del régimen del expresidente Alan García, que establece el cierre del Registro Único de Víctimas de la violencia política para el 31 de diciembre, pese a que tiene calidad de permanente.
PIDE DEFENSORÍA"

Al respecto, la Adjunta para los derechos humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, dijo a LA PRIMERA que el Decreto Supremo 051 hará que muchas personas que no lograron acreditarse en este registro “no van a poder acceder a este programa” y que se verán perjudicadas en sus derechos.
Pidió al gobierno mantener “el sentido de la Ley del Programa de Reparaciones. Vignolo sostiene que el controvertido decreto “contraviene el sentido de la propia ley”, pues “establece un trato discriminatorio entre los propios beneficiarios y ese no es el sentido de la ley ni del reglamento”.
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