Róger Rumrrill dice que gobierno le corre a Comisión de la Verdad.
DETALLE
El Apu Henderson Rengifo, ashua de la comunidad Santa Rosa del río Corriente, Loreto, denunció que el gobierno está enviando gente a negociar con los presidentes de las regiones amazónicas, ofreciéndoles dádivas con el propósito de dividir a las organizaciones de base.
El analista político Róger Rumrrill denunció ayer que en el gobierno existe una fuerte corriente opuesta a formar una Comisión de la Verdad que esclarezca lo sucedido realmente en la masacre de Bagua.
Rumrrill precisó que entre los que se oponen a la investigación está el ala dura del régimen aprista conformada por el primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, el ministro de Defensa, Rafael Rey, y la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que quiere hacer creer a los peruanos que basta con el Poder judicial para esclarecer los hechos.
El entrevistado hizo el comentario debido a que el pasado lunes, cuando se reabrieron las mesas de diálogo acordadas en el acta firmada por los pueblos indígenas y el Ejecutivo el mes pasado, no se instaló la mesa encargada de investigar los sucesos del 5 de junio.
“Dejar esta investigación sólo en manos del Poder judicial no ofrece ninguna garantía para llegar a la verdad. Esta definitivamente es una forma de ocultar lo que ocurrió en realidad y evitar que se identifique a los responsables”, remarcó.
Reveló incluso que el pasado viernes, el coordinador de la Presidencia del Consejo de Ministros, Manuel Figueroa, declaró que las mesas de diálogo iban a suspenderse, anuncio que provocó la reacción inmediata de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y otros sectores. “Esa declaración no fue por iniciativa propia, fue ordenada por el presidente Alan García y se hizo necesaria la intervención de representantes diplomáticos extranjeros para que por la noche hubiera una rectificación”, comentó.
Respecto a la intención del gobierno de meter en las mesas de diálogo a los seudo dirigentes de Aidesep, explicó que se trata de “una práctica fascista que debilita a la sociedad civil y la red de organizaciones de base y que utiliza el gobierno aprista para debilitar las instituciones y tomarlas”.
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