El representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, calificó como técnicamente inconstitucional al proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros para que los fiscales no puedan iniciar investigaciones o formular acusación contra efectivos policiales o
militares que hayan causado la muerte de un civil con sus armas en zona de emergencia y dijo que el proyecto tiene el objetivo de garantizar impunidad para los uniformados.
El ministro de Justicia,
Aurelio Pastor, anunció la aprobación del proyecto de ley y explicó que busca modificar el artículo 20 del Código Penal para la inimputabilidad de los miembros de las
Fuerzas Armadas y de la Policía que, en zonas de emergencia, causen alguna muerte con sus armas, a consecuencia de confrontaciones en la preservación del orden público.
Al respecto, detalló que un fiscal, antes de abrir una investigación, tendrá que solicitar, en un plazo máximo de 10 días, un informe a un grupo técnico del Ejecutivo que le dirá lo que pasó y aseguró que la información brindada por este cuerpo colegiado no es vinculante. Ante ello, Rivera sostuvo que si no es vinculante lo que determine el grupo técnico, entonces cuál sería la razón para la presentación de esta norma ante el
Congreso, y respondió que esta iniciativa gubernamental significaría una injerencia política en las funciones del
ministerio Público, por lo que dijo esperar que el proyecto sea rechazado por el Legislativo.
La otra iniciativa El ministro de Justicia también anunció otro proyecto de ley que regula la intervención de las
Fuerzas Armadas y Policiales en el levantamiento de cadáveres en zonas en estado de emergencias o en zonas donde eventualmente el
ministerio Público no pueda llegar y donde se hayan producido muertes de
militares y policías en los enfrentamientos, por ejemplo, en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).
Pastor argumentó que es necesaria esta ley en respeto a la dignidad de la familia del posible fallecido y a la
salud pública y que, de aprobarse, quien ordenaría el levantamiento de los cadáveres sería el jefe militar o policial de la zona.
Esta propuesta del gobierno, a decir de Rivera, pretendería facultar a los policías y en especial a los
militares a hacer la labor que le compete al fiscal. Aclaró que nuestro ordenamiento procesal faculta a los fiscales a autorizar, ante la imposibilidad de cumplir con su labor en una zona alejada, a un efectivo policial o militar a levantar el cadáver.
Vilma Escalante
Redacción
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