ONU pide aprobación de ley sin observaciones
James Anaya, relator especial de Naciones Unidas, desestima observaciones presidenciales. "

Ejecutivo debe retroceder y promulgar norma de nativos, dice relator.
Sostuvo que las observaciones del presidente García a la norma aprobada por unanimidad por el Congreso postergan la posibilidad de que los nativos adquieran derechos que les corresponden.
Anaya firmó una contundente resolución de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas en la cual, además, considera como un avance significativo la ley de consulta en materia de los pueblos nativos.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, pidió a James Anaya interceder en la aprobación de la ley de consulta observada por el Ejecutivo.
Anaya dice que es preocupante que el presidente Alan García haya observado la norma en lugar de promulgarla. Señaló que el objetivo de la ley es que cualquier proyecto que implica participación de los nativos debe tener el consentimiento libre, previo e informado de ellos.
Argumenta que es importante reconocer que “la normativa internacional sí establece requisitos de Consulta que limitan el poder del Estado y que promueven el diálogo intercultural y el consenso en cuanto a la toma de decisiones que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”.
Dijo que el principio de buena fe -condición fundamental para el proceso de Consulta- implica una negociación en la que todas las partes involucradas estén dispuestas a escuchar y ceder posiciones y defender sus legítimos intereses y en la que los acuerdos alcanzados vinculen a ambas partes.
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso aprobó el martes, por unanimidad, la insistencia en la autógrafa original de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, observada por el Ejecutivo. La presidenta del referido grupo de trabajo, Elizabeth León, indicó a este diario que la norma en mención busca la institucionalización del diálogo entre el Estado y las comunidades.
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