Diario La Pr
Objeciones de García alientan arbitrariedad
Crece rechazo contra las observaciones a la ley nativa y exigencia de trato igual a los indígenas. "
Sonrisas, pero boicotea la Ley de Consulta Previa.
La experta del IIDS detalló que el Ejecutivo cuestiona que en uno de sus artículos la Ley indique que los funcionarios que incumplan con convocar a la consulta asuman la “responsabilidad” de sus actos.
“El Ejecutivo argumenta que el incumplimiento ‘bajo responsabilidad’ llevará a que los funcionarios convoquen demasiadas consultas, incluso cuando no sean necesarias, aumentando la burocracia y poniendo en riesgo los proyectos de inversión. Pero decir eso está mal, puesto que el gobierno debería más bien promover una cultura de la consulta y llamar al diálogo para evitar que un proyecto iniciado sin consultar a la población sea luego paralizado por recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o por una orden judicial, como ya ha ocurrido”, apuntó Yrigoyen.
Para la letrada especialista en derechos indígenas, la consulta debe convertirse en una rutina administrativa. Indicó que según el Convenio 169 de la OIT, los gobiernos tienen el deber de garantizar que se efectúen, en cooperación con los pueblos indígenas, todos los estudios de impacto ambiental y social que sean necesarios.
“En términos prácticos, sería mejor que haya una clara responsabilidad de los funcionarios para que sepan que están obligados a convocar la consulta cuando corresponda, puesto que hace 16 años que el Perú firmó el Convenio 169 y la consulta no se cumple”, sentenció la letrada.
En ese sentido, la ONG CooperAcción comunicó que las observaciones a la Ley de Consulta desnaturalizan los aspectos sustantivos de la norma porque contraponen los derechos de los pueblos indígenas con un supuesto interés nacional. “Cabe señalar que éste ha sido un argumento muy utilizado en las últimas décadas; cada vez que las comunidades han exigido ejercer el derecho a la consulta, el Ejecutivo pregunta ¿por qué poblaciones pequeñas tienen que decidir por proyectos que son de interés nacional?”, indicó la institución.
Para CooperAcción el gran problema es que en nuestro país no existen políticas públicas que permitan presentar evidencias claras que tal o cual proyecto, responde al interés de la Nación. Precisamente, uno de los retos pendientes es dotarnos de esos instrumentos y uno de ellos puede ser la consulta previa.
José De Echave, experto en temas mineros, manifestó que “la consulta debe implicar acuerdos, diálogo democrático intenso, desarrollo de capacidades, aprendizajes, etc. Todo esto debe ser tomado de manera integral para beneficio de los pueblos indígenas y por supuesto a todo el país”.
Consulta e informe del Baguazo
Guido Lombardi, presidente de la comisión que investigó en el Congreso los hechos ocurridos en Bagua el año pasado, confirmó que hoy pedirá al titular del Parlamento, Luis Alva Castro, que convoque a una legislatura extraordinaria para debatir y votar los informes en mayoría y minoría de ese grupo. Así también para tratar las observaciones del presidente Alan García a la Ley de Consulta. Señaló que, de no prosperar su solicitud, presentará una moción con las firmas de los 3 quintos del número legal de parlamentarios (72 en total), como lo precisa el artículo 50° del Reglamento del Congreso, para convocar Legislaturas Extraordinarias. Lombardi sostuvo que no se puede esperar hasta agosto, cuando se reúna nuevamente el pleno del Congreso, para tratar los informes elaborados en torno a los sucesos de Bagua y la Ley de Consulta.
Marcelo Puelles
Redacción
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