(1) Director de nuestro diario, César Lévano, y periodista Raúl Wiener en la mira de LAP. (2) Periodista Herbert Mujica. (3) El libro que hizo temblar a la empresa administradora del “Jorge Chávez”.
Activan citaciones judiciales contra el director de LA PRIMERA, César Lévano, y los periodistas Raúl Wiener y Herbert Mujica. El objetivo es claro: acallar a los críticos de la privatización.
Luego de la aberrante resolución del Tribunal Constitucional, dando paso a una acción de amparo de la administradora del aeropuerto Jorge Chávez, contra un libro de investigación, se han activado otras citaciones judiciales contra el director de LA PRIMERA, César Lévano, y los periodistas Raúl Wiener y Herbert Mujica. El objetivo es claro: imponer la mordaza contra los críticos de la privatización.
Una avalancha judicial está en pleno desarrollo con la finalidad de acallar cualquier opinión crítica o debate en torno a la controvertida privatización del primer aeropuerto del Perú y los problemas generados durante la gestión de Lima Airport Partners (LAP). El 30 de noviembre, el Tribunal Constitucional emitió una resolución que ordena al juez de primera instancia admitir la acción de amparo que LAP planteó contra el autor de esta nota en el año 2005 y que fue declarada inadmisible e improcedente en las distintas instancias del Poder judicial. Con esa decisión le ahorraban a LAP el papelón de una derrota total en sus pretensiones y asumían que es posible discutir en la vía judicial su pedido de prohibir la circulación de un libro que no les gusta, requisar los que existen en el mercado y de volver a escribir sobre el tema.
Pero este no era el disparo principal de la asesoría jurídica de la empresa concesionaria que apunta a sacar un fallo que según se dice sería condenatorio contra el periodista Herbert Mujica, cuya lectura está citada para el 21 de enero en el Noveno Juzgado de Lima, y dar comienzo a otros procesos contra Lévano, Wiener y el propio Mujica, impulsados por los jefes de seguridad del Jorge Chávez que supuestamente se han ofendido porque se les haga mención en las denuncias sobre los pases de droga que han venido ocurriendo en nuestro terminal aéreo y que actualmente se encuentran bajo proceso penal. Estas demandas aparecen como personales, pero son inseparables del propósito de LAP de sacarse de encima la crítica de prensa.
Una manera de comprobar esto es ver los expedientes calcados para los casos del ex gerente John Charles Kirch Jr. y para el actual gerente de seguridad Juan Salas, desarrollados por el mismo equipo de abogados contratados por LAP. En realidad estamos ante una operación político-judicial por parte de una empresa que ha evadido contestar los cuestionamientos que se le han hecho y que ha reaccionado como una vaca sagrada sobre la cual no cabe el derecho a opinar, aun cuando el bien que le ha sido entregado en concesión sea un indiscutible servicio público cedido por el Estado y al que los peruanos y extranjeros debemos recurrir obligatoriamente cuando nos desplazamos por la vía aérea.
Un punto muy importante de esta contradicción es el silencio de los otros medios respecto a la descabellada resolución del Tribunal, que amenaza al conjunto del periodismo de investigación, y que va mucho más allá del interés del periodista involucrado. Tal vez, en este caso, algunos medios reaccionen bajo el criterio de que con ellos no es porque nunca se las verán contra empresas del tipo LAP, derivadas de los procesos de privatización y que articulan intereses de operadores internacionales. Pero el principio de defender al periodismo libre del acoso judicial de los poderosos debe ser mantenido en pie.
Lo que quiere ocultar LAP
La investigación sobre el caso LAP se puede resumir en algunos puntos:
- Adulteración de las motivaciones iniciales del proceso de privatización, que estaban referidas al supuesto alto costo de la expropiación de terrenos y construcción de la nueva pista de aterrizaje, que ha sido sistemáticamente postergada y reemplazada por el embellecimiento del edificio original y la gestión privada de los servicios;
- Cambio de los componentes del Consorcio que ganó la concesión y que fue el que presentó el currículo que se usó de fundamento para entregarles la administración del aeropuerto, por el retiro posterior de la mayoría de ellos, burlando las bases del concurso;
- Incumplimiento de los compromisos de inversión y de la utilización de recursos propios por parte de la concesionaria, que en vez de ello se sirvió del incremento de tarifas, la modificación de los plazos y de créditos avalados por el Estado, para finalmente argumentar haber cumplido con invertir casi 300 millones de dólares que no son comprobables a través de las obras realizadas;
- Establecimiento de un régimen de abuso en el ejercicio de los derechos de concesión, que ha dado lugar a reclamos de las líneas aéreas que deben aterrizar en el país, las empresas peruanas que tenían contrato vigente al momento de la concesión para vender sus productos u otorgar servicios que fueron desalojadas; y que se ha aplicado también a pequeños propietarios como los taxistas no afiliados a la empresa del aeropuerto, los vendedores de diarios y otros;
- Desarrollo de actividades ilegales como el tráfico de drogas, a través del aeropuerto, por debilitamiento de los sistemas de seguridad y de la complicidad de funcionarios de diversas empresas que operan en el aeropuerto, entre ellas LAP, que ha tratado de encubrir estos hechos y silenciar a quienes lo denuncian.
Sobre estos puntos y otros tratan los artículos, informes periodísticos y libros de los periodistas empapelados judicialmente por LAP. Pero los contenidos nunca han sido rebatidos.
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