La lucha continúa

El abastecimiento de petróleo y otros insumos destinados a las empresas, que desarrollan actividades extractivas en la selva, han sido interrumpidos debido a que el aeródromo de Atalaya y las principales vías de comunicación fluvial permanecen en poder de los indígenas de las etnias amazónicas, que exigen la derogatoria de los decretos legislativos que consideran atentatorios contra sus territorios. Miles de pobladores selváticos permanecen en alerta ocupando la principal vía de abastecimiento del proyecto del Gas de Camisea y otros centros de producción, mientras sus dirigentes continuaron realizando durante el fin de semana intensas negociaciones para lograr los cambios legislativos exigidos por la movilización.

Empresas como Pluspetrol, Repsol y Petrobras se han visto afectadas debido a que las avionetas y helicópteros que las proveen regularmente de insumos no han podido aterrizar en el aeródromo de Atalaya.

También la interrupción de la vía Napo-Curaray ha dejado en suspenso el traslado de distintos materiales para la empresa francesa Perenco. El puerto de Ivochote, punto de embarque y desembarque de personal, maquinaria e insumos para Camisea está en poder de los nativos, afectando el normal funcionamiento de la empresa de extracción de gas. Se supo, además, que cinco barcazas que llevaban diversos productos a Pluspetrol, incluyendo combustible, se encuentran detenidas desde hace varios días en el río Ucayali.

La determinación de los pueblos nativos es no cejar en su actitud de protesta hasta lograr la derogatoria de seis decretos legislativos (1020, 1064,1080, 1081, 1089 y 1090) que atentan contra la Amazonía, señaló Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aisedep), que representa a 400 mil pobladores indígenas de un total de 1,350 comunidades de más de 60 etnias amazónicas.

No vendan la selva
Entre tanto pobladores y organizaciones sociales de los departamentos de Ucayali, Amazonas y Loreto, que es el principal escenario de la protesta de los indígenas, se sumaron a la posición de Aidesep por considerar que el reclamo es legítimo y es compartido por todos los pobladores de la Amazonía peruana.

Rómulo Coronado, presidente del Frente de Defensa de Ucayali, señaló que la paralización, total en varias zonas de la selva, es consecuencia de la política del “Perro del hortelano” del presidente Alan García, que vende toda la riqueza de esta región a las grandes empresas, sin considerar que es patrimonio de los pueblos que la habitan y del país entero.

“Nosotros respaldamos totalmente la protesta de nuestros hermanos indígenas porque no queremos que se venda la selva”, expresó.

Esvieta Topovich
Redacción