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Publicado: Martes 22 de diciembre del 2009 | Política | Imprimir | Compartir | 212 Lecturas

Grupo Colina a la calle, tras los pasos del general Chacón

Abogados de procesados por crímenes de lesa humanidad dilatan proceso para frustrar juicio y lograr impunidad."
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El sanguinario Santiago Martin Rivas podría salir libre.

Gloria Cano, representante del Área Legal de la Asociación Pro derechos humanos (Aprodeh), denunció ayer que los abogados de cuarenta y cinco procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Grupo Colina, un destacamento del Servicio de Inteligencia del Ejército dedicado a ejecutar ilegalmente sospechosos de terrorismo, dilatan el juicio con la finalidad de frustrarlo e imponer la impunidad.

Los defensores de Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza, Santiago Martin y Carlos Pichilingue, y otros más, efectúan maniobras dilatorias en el proceso realizado en LA PRIMERA Sala Anticorrupción que preside la vocal Inés Villa Bonilla, el cual tiene más de cinco años, por lo que corre el riesgo de quedar sin sentencia.

Gloria Cano explicó que las maniobras dilatorias de estos abogados, como la defensora de Montesinos, Estela Valdivia, incluye la recusación de los vocales de LA PRIMERA Sala Anticorrupción que los procesa, así como quejas y otras acciones.

“El juicio oral se inició el 17 de agosto del 2005 y hasta la fecha la sala de la doctora Villa Bonilla no puede dictar sentencia por las maniobras dilatorias de los procesados y sus abogados”, opinó Cano.

“Los procesados esperan que se presente un proyecto de ley que los beneficie con iniciativas legales para que salgan libres con el dos por uno, pero también tienen las puertas abiertas del Tribunal Constitucional (TC) que dejó un mal precedente al ordenar que el Poder Judicial saque del proceso por corrupción al general EP Walter Chacón”, advirtió.

El polémico fallo del Tribunal Constitucional excluyó al Fujimorista general (r) Walter Chacón de la investigación judicial por corrupción de funcionarios iniciada contra él y sus familiares directos, como su hija, la congresista Cecilia Chacón.

Límites a la defensa
Los miembros del Grupo Colina son juzgados en LA PRIMERA Sala Anticorrupción que preside Inés Villa, por las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y del Santa y el asesinato de Pedro Yauli, entre otros crímenes.

El Fiscal Superior Anticorrupción Jorge Cortez Pineda, en su acusación ha solicitado 35 años de prisión para Vladimiro Montesinos, ex asesor del presidente Alberto Fujimori, el ex jefe del Ejército Nicolás Hermoza y los ex militares Julio Salazar, Juan Rivero, Federico Navarro, Víctor Silva y Martin Rivas, superiores o mandos del escuadrón ilegal de aniquilamiento.

Y para los miembros del Grupo Colina Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Carlos Pichilingue Guevara, Jesús Sosa Saavedra, Hugo Coral Goycochea y Pedro Suppo Sánchez, la Fiscalía solicitó 30 años de cárcel.

En tanto, el Procurador del Estado Pedro Gamarra mostró preocupación por la dilación del juicio a los ex integrantes del destacamento Colina. “A pesar que la Sala Anticorrupción respeta el derecho de los procesados, garantizando el debido proceso, es necesario que se ponga límite a los alegatos de la defensa de los procesados a fin de culminar el juicio con una sentencia condenatoria y no correr el riesgo de que se repita la triste historia en la que el TC libró de una sentencia, por delitos de enriquecimiento ilícito, al general Fujimorista Walter Chacón”, preciso Gamarra.

Sentencia estaría lista en enero
LA PRIMERA Sala Anticorrupción que preside la vocal Inés Villa Bonilla dictaría sentencia a los integrantes del Grupo Colina y al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y varios generales Fujimoristas, a fines de enero, indicaron voceros judiciales a LA PRIMERA.

En estos momentos el juicio contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa Ríos, Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue, entre otros acusados de los crímenes del sanguinario destacamento paramilitar que operó durante los dos gobiernos del ex dictador Alberto Fujimori, se encuentra en etapa de los alegatos de la defensa de los 48 procesados, los cuales están siendo alargados en forma innecesaria.

El Ministerio Público ha solicitado, además de fuertes penas de cárcel, el pago de una reparación civil de 100 mil soles, que deberá abonar cada uno de los implicados a favor del Estado.

César Ascues Uribe
Redacción





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