La Asociación y la Junta son instituciones siamesas. No sólo por quiÉn las encabeza, sino porque tienen la misma dirección legal y nómina de socios. Pero según los libros, la Asociación cobra servicios de alquiler a la Junta. Y es la Asociación la que ha estado empeñada en construir un muro de concreto partiendo en dos la playa Embajadores, una parte convertida en Villas de Santa Marí­a, cercar dos muelles y convertirlos en aparcadero de yates para el uso exclusivo de unas ocho familias relacionadas.

Abuso y poder
Los demás propietarios están vedados en esa zona y mucho más el gran público, que no puede ni acercarse debido a una pared de concreto, de ­aproximadamente 2.5 metros de altura, reforzada, en la parte posterior, con rocas de piedra que bloquean los accesos en ambos extremos.

Pero, ¿quiÉn permitió este ­abuso arbitrario de los directivos de la famosa Asociación o Junta, que han dispuesto, para beneficio de unos cuantos, lo que son bienes públicos: accesos, playa y mar? Pues el señor alcalde í�ngel Raúl Abugattas Nazal, y la señora teniente alcaldesa, Wally Marissa Palacios Kuhn de Garrido-Lecca. Ambos apristas y afines por razones distintas del actual ministro, y tienen mucho que explicar. Así­, cualquiera puede hacer y deshacer.

La playa exclusiva permite ­otros lujos, que solamente en ese lugar se observa. El ministro y sus amigos tienen sus casas a media altura de la playa, a la que descienden por un ascensor especial con telÉfono incluido. Hay una escalera, pero la puerta de entrada al mar está con llave y el grupo de amigos decide quiÉn entra y quiÉn no lo hace.

De esta forma, don Hernán tiene ventajas que ni se sueñan en Asia (Eichia) y otras playas del sur, y con el soporte del poder polí­tico seguramente espera conservar estos privilegios.

La denuncia la formuló ­uno de los propietarios agraviados del condominio, Ví­ctor Franco í�lvarez, a quien la Junta de Propietarios lo demandó por 83,136 nuevos soles y 2,994.40 dólares, supuestamente por falta de pago para los servicios privilegiados.

Playas no se compran
La Ley Nº 26856 precisa que las playas son de uso público, son inalienables e imprescriptibles, además establece una zona de 50 metros, medida a partir de la lí­nea de más alta marea, en la cual no debe erigirse ninguna construcción.

Otra muestra de la irregularidad es que la Ley Orgánica de Municipalidades (Nº 27972), en su artí­culo 62, sobre condición de bienes públicos, playas, rí­os, lagos (!¦), señala que sólo por razones de seguridad nacional pueden ser objeto de concesión para otros usos.

El caso ya se presentó a la Fiscalí­a
Ví­ctor Franco í�lvarez presentó una denuncia contra la junta de propietarios, cuyo vicepresidente es Garrido-Lecca, ante el fiscal provincial penal de turno de Lima. Exige una investigación exhaustiva a las dos asociaciones (una como Asociación Villas de Santa Marí­a y la otra como Junta de Propietarios).

Denunció, entre otras cosas, que la Asociación viene haciendo uso de una parte de la playa Embajadores dividiÉndola en dos completamente distintas una de otra. Una de aproximadamente 10 mil metros cuadrados, superprivada, y que consta de una pared de concreto de 20 metros de largo, que se inicia en el cerro o acantilado hasta el mar, y la otra que sí­ tiene acceso al público. Franco í�lvarez sostiene que los cobros son indebidos por el uso y mantenimiento de la playa y de sus dos muelles.

Santiago Quispe
Redacción