Diario La Pr
Fiscalía debe investigar cumplimiento de régimen carcelario de Fujimori
denuncias ratifican que ex dictador maneja campaña de Keiko desde la Diroes, afirma ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra. Ex jefe del Inpe, Wilfredo Pedraza coincide con con él.
Fujimori ha convertido a la DIROES en el cuartel general de la campaña de Fuerza 2011.
El Ministerio Público debe esclarecer las denuncias sobre la participación del reo Alberto Fujimori en la campaña electoral así como el ingreso de material de campaña y del equipo proselitista de Keiko Fujimori a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), coincidieron en expresar diversos analistas.
El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra aseguró que las denuncias no hacen más que ratificar lo que ya se ha venido mencionando desde hace mucho tiempo: que Alberto Fujimori es quien maneja toda la campaña de Keiko Fujimori, para lo cual cuenta con el aval de los ministerios del Interior y de Justicia, y del mismo presidente Alan García.
Apoyo
“Creo que corresponde una intervención rápida y oportuna del Ministerio Público, porque tiene que haber una constatación de las irregularidades que se están realizando, porque ni la ministra de Justicia, ni el ministro del Interior, tienen ninguna voluntad de investigar los hechos. Por el contrario, creo que ellos, políticamente, están apoyando la candidatura auspiciada por Alberto Fujimori”, indicó.
El ex procurador anticorrupción indicó que este comportamiento de los agentes del INPE y la DIROES le dan la razón a Ollanta Humala, cuando dice que Keiko Fujimori es la candidata de Alan García, ya que existen todas las facilidades para que el local central de campaña de Fuerza 2011 se haya trasladado al fundo Barbadillo, sin que haya una oposición ni reclamo por parte del INPE o el Ministerio del Interior, reforzando la idea que quién está llevando la candidatura de Keiko Fujimori es el ex dictador, con el aval del gobierno.
“Esta contienda electoral es entre Ollanta Humala y Alberto Fujimori, no solo porque Keiko representa la continuidad de un gobierno autoritario y corrupto, sino porque, en general, Alberto Fujimori tiene un peso de dirección en la campaña de Keiko Fujimori y porque, en la eventualidad negada de que ella llegue al poder, se sabe que quién va a gobernar es Alberto y no Keiko”, sostuvo.
El ex jefe del INPE, Wilfredo Pedraza, indicó que sobre la denuncia contra Fujimori por violentar su condición penitenciaria, existen dos hechos graves, ya que está absolutamente prohibido tener reuniones de carácter político.
“Fujimori, en su condición de sentenciado no tiene derecho a voto y, por tanto, no tiene acceso al ejercicio de sus derechos políticos y en esa idea está proscrita la posibilidad de realizar actividades de proselitismo. Pero más grave todavía es que el fundo y el centro penitenciario se puedan utilizar como un lugar donde se guarda propaganda política”, dijo.
Este comportamiento irregular –indica el especialista- no sería posible sin la tolerancia de la Policía y del INPE, puesto que el control de vehículos, hasta la zona de penal, es exclusivamente de la Policía; así como el ingreso de personas y objetos a la zona del penal es responsabilidad del INPE.
“Entonces existe responsabilidad directa en ambos, lo que es bastante grave, ya que en el fundo Barbadillo hay un penal y en él está absolutamente prohibido cualquier actividad proselitista y consecuentemente cualquier actividad relacionada a campaña política”, sentenció.
La denuncia hecha por un medio de comunicación sobre las presuntas violaciones al régimen carcelario de Alberto Fujimori –resaltado por la entrada de material proselitista al recinto penitenciario-, sería razón suficiente para que el Ministerio Público inicie las investigaciones del caso, porque es obligación de la fiscalía revisar los establecimientos penales para constatar si los reglamentos se cumplen o no.
“En ese caso, el fiscal provincial penal de turno, es el que debería, de oficio, iniciar una investigación. No solo por la denuncia por un medio de comunicación, sino por su propia facultad de hacerlo. Es una obligación del fiscal visitar penales de manera permanente, cuanto más si existe una denuncia”, recalcó.
Rosa María Loayza
Redacción
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