Ejecutivo usó facultades para dar luz verde a armas policiales contra civiles.
“Al Ejecutivo le dan facultades y se excede, tenemos el ejemplo de Bagua. Ampliar su potestad es sumamente peligroso”, señaló Ricardo Soberón.
DETALLE
El proyecto de ley remitido al Parlamento por el Ejecutivo precisa que esa delegación de facultades tendría un plazo de 60 días y se ejercería en temas como legislación penal, procesal penal, de ejecución penal, administrativa y conexa en materia de terrorismo y tráfico ilícito de drogas. También sobre la adecuación de la legislación del fuero militar policial a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional.
Decenas de dirigentes sociales detenidos, excesos policiales y operaciones represivas contra la población serán algunas de las situaciones que se presentarán si el Congreso otorga facultades al Ejecutivo para legislar sobre narcoterrorismo, coincidieron especialistas consultados por LA PRIMERA.
Según Ricardo Soberón, experto del Centro de Investigación de Drogas y derechos humanos, es peligroso dar facultades al gobierno porque éste siempre se excede cuando el Congreso se las otorga.
“Al Ejecutivo le dan facultades y se excede. Tenemos el ejemplo de Bagua. Los cambios que el gobierno pretende hacer colapsarán el sistema judicial y policial porque buscan aumentar las penas por los delitos de narcotráfico y las facultades de la Policía para detener personas, y eso puede devenir en excesos y criminalizar a la población del valle de los ríos Apurímac y Ene. Todo aquel que tenga un poco de coca en su casa podría ser detenido, con lo cual el problema no será solucionado”, sostuvo Soberón.
A su vez, la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro derechos humanos, alertó sobre el mismo peligro. Recordó que la última vez que el Ejecutivo obtuvo facultades para legislar emitió los decretos lesivos para las comunidades amazónicas y normó sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, y luego se presentaron casos como las muertes en Trujillo, a cargo de un Escuadrón de la Muerte.
Por su parte, la congresista Elizabeth León, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso, dijo que está en contra de otorgar las referidas facultades porque el gobierno puede concretar su estrategia de criminalizar las actividades de las comunidades.
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