Reveló que un total de 1,304 funcionarios públicos denunciados con pruebas por estar involucrados en presuntos actos de corrupción todavía siguen trabajando para el Estado y participando en los diferentes procesos de adquisición.

Lo más grave del caso es que la Contraloría los ha denunciado ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero a pesar de ello siguen atornillados a sus puestos y “comprando para el Estado”, según refirió.

Tras alertar que la falta de sanción ante los casos de corrupción está debilitando al Estado, Khoury aseveró que el modelo de control vigente incentiva esta lacra que corroe los organismos estatales.

Sostuvo que tal situación revela la necesidad de otorgar a la Contraloría capacidad para imponer sanciones administrativas que eviten que estos funcionarios sigan en el sector público. En su exposición ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento Nacional, ratificó que, según estimaciones de la Contraloría, el país pierde entre 6,000 y 8,000 millones de nuevos soles por hechos de corrupción en las diversas instancias del Estado.