Silvia Loli, directora de AI, pone los puntos sobre las íes.
Amnistía Internacional (AI) consideró ayer, en su informe anual, que el gobierno del Perú “mostró una intolerancia cada vez mayor con las personas que critican sus políticas sociales, económicas y medioambientales” y vulneró los derechos humanos y ciudadanos de la población al declarar el Estado de Emergencia en las provincias afectadas por los conflictos sociales.
Esta situación perjudica a la democracia, dijo a LA PRIMERA Silvia Loli, directora de AI. “El gobierno responde con intolerancia a los reclamos de la población”, dijo. Sostuvo que “nosotros hacemos votos para que se establezca ‘un diálogo eficaz’ entre el gobierno y las organizaciones sociales, para que se eviten los conflictos” y que “Amnistía Internacional hace llegar al gobierno su recomendación para resolver los problemas antes que se conviertan en conflictos sociales”, indicó.
AI observó que otro síntoma de la intolerancia del gobierno es haber sacado a la Coordinadora Nacional de derechos humanos del Consejo Nacional de derechos humanos, luego que el presidente Alan García acusara públicamente de “traición a la patria” a la Asociación Pro derechos humanos, por haber informado al Parlamento Europeo que el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru ha dejado de operar con las armas, elemento usado por el Legislativo europeo para retirar al MRTA de la lista de organizaciones terroristas existentes.
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