En la denuncia, ingresada a la Sexta Fiscalía Provincial de Lima Norte, Ramírez y los congresistas son acusados de delitos perseguibles. En el caso del rector, éste no dudó en transferirse los derechos de la donación, figurando como socio Nº LLIV27. Con el mismo tenor es acusado el actual ministro del Interior, Octavio Salazar, quien se convirtió en socio Nº EIII11 y se apropió de un terreno de 4,000 metros cuadrados donado para ampliar la comisaría de Universitaria. En la denuncia están incluidos, además, el presidente usurpador de la asociación, Elías Calderón Cordova, y sus seguidores Antonio Pasapera Patiño y José Rosell Anaya, entre otros, acusados de traficar con los terrenos de la asociación, amparados en una falsa resolución de alcaldía.