Este decreto de urgencia dio origen al programa de reconstrucción, rehabilitación y remodelación de Colegios Emblemáticos, contraviniendo la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así como las prioridades educativas establecidas en el Proyecto Educativo Nacional y las recomendaciones de organismos internacionales.

Además, el documento señala que tienen responsabilidad penal por los presuntos delitos de colusión, malversación de fondos y omisión de funciones, exfuncionarios del sector Educación como el exsecretario general Asebedo Fernández, exjefes de la Oficina de Infraestructura Educativa como Huaylinos Maraví y el propio exministro Chang.