Diario La Pr
Crece repudio a entrega de territorios fronterizos
El líder opositor Ollanta Humala calificó ayer de “inconstitucional” al Decreto Supremo 024, que entrega a la transnacional china Zijin 35 denuncios mineros en el lado peruano de la frontera con Ecuador y anunció que su bancada parlamentaria se opondrá a la medida, mientras las comunidades campesinas piuranas y otros sectores anunciaron movilizaciones para rechazar el decreto.
Líder opositor, organizaciones sociales y otros sectores inician resistencia a decreto que otorga concesiones a empresa china en sensible frontera con Ecuador."
(1) Población afectada alista medidas de protesta por traición de gobierno. (2) Minera se ubica en zona fronteriza estratégica.
Tras indicar la gravedad que el caso entraña para la seguridad nacional, Humala aseveró que, “a través de leguleyadas, el gobierno quiere vender la frontera a una empresa china”.
Señaló que el caso de las concesiones dentro del margen de 50 kilómetros adyacentes a la frontera, se enmarca en una política por la cual las empresas, generalmente las grandes, hablan directamente con el presidente García. “Por eso ocurren casos como los petroaudios. El primer lugar al que van los inversionistas, es Palacio de Gobierno”, refirió.
El Decreto Supremo 024 declara de interés público la entrega de los denuncios mineros, para exceptuarlos de la norma constitucional que prohíbe que los extranjeros tengan propiedades o títulos de cualquier tipo en un margen de 50 kilómetros adyacentes a las fronteras.
Frente a ello, las comunidades afectadas de las provincias de Huancabamba y Ayabaca anunciaron una movilización de rechazo el próximo ocho de enero.
El especialista de la Fundación Ecuménica por el Desarrollo y la Paz, Javier Janhcke, informó que el Frente de Defensa de Piura y las organizaciones sociales de la región ya están planificando las acciones de rechazo al decreto. “Nos estamos reuniendo con el equipo técnico del caso Majaz para evaluar las medidas legales que tomaremos”, indicó.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de Red Muqui, Ana Leyva, dijo a LA PRIMERA que el decreto provocará un mayor conflicto con los pobladores de la zona que se oponen a la explotación minera. “Debería haberse acondicionado un proceso de diálogo y haberse discutido con la población. Aquí se solicita y se otorga sin consultar”, sostuvo.
Leyva explicó que el artículo 71 de la Constitución prohíbe la concesión de denuncios mineros dentro de los 50 kilómetros de frontera en casos de “necesidad pública”, la que en este caso no se ha justificado adecuadamente. Asimismo, Janhcke explicó que la minera Majaz proyectó, al principio, 5 tajos abiertos para las 6 mil hectáreas que poseían, pero que sus concesiones suman 27 mil 700 hectáreas actualmente, gracias al decreto. “Ha sobrepasado en tamaño al distrito minero de Yanacocha en Cajamarca”, refirió.
Janhcke denunció que la explotación proyectada en el decreto provocará un impacto a nivel regional, pues los 35 denuncios mineros están ubicados en zonas de “cabeceras de cuenca” de los ríos Quiroz y Piura que abastecen de agua a los valles agrícolas. “Ya no sólo es Carmen de la Frontera, sino todo Piura”, expresó.
Leonardo Caballero
Redacción
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