Diario La Pr
Contrato puede anularse
Los congresistas de oposición plantearon ayer la posibilidad de que el contrato de operaciones entre PetroPerú y Petro-Tech Peruana S. A. sobre el Lote Z-2B (el contrato más importante de la empresa) pueda ser anulado debido a la falsificación de dos artículos del Decreto Supremo Nº 044-93-EM, por el que se habría aprobado dicho acuerdo en 1993, y generar una millonaria indemnización a favor del estado peruano.
Operaciones entre Petroperú y Petro-Tech Peruana S. A. sobre el Lote Z-2B podría quedar nulo, sostienen."
Oposición firme en el caso Petro-Tech.
Esta presunta falsificación se habría producido sobre los artículos 2º y 3º del citado Decreto Supremo, publicado el 28 de octubre de 1993, tal como lo señala un informe de Contraloría emitido en el año 2007 que indica que el contrato no fue aprobado por el Consejo de Ministros de ese entonces, como consignan los artículos en mención. Así lo precisan los 26 parlamentarios firmantes de la moción de orden del día que presentaron para interpelar al ministro de energía y Minas, Pedro Sánchez, a fin de que explique las razones por las que se permitió la transferencia Petro-Tech Peruana si ya se conocía sobre este reporte de Contraloría, entre otras irregularidades, y aún así el gobierno permitió la venta de esta empresa en el extranjero.
Además de este informe de Contraloría existen otros tres que sugieren, entre otras observaciones, la conveniencia de renegociar los contratos suscritos entre Petro Perú con dicha empresa.
El pedido de interpelación de los parlamentarios tiene como punto central preguntar al ministro Sánchez por qué permitió se consumara la operación de cesión indirecta de Petro-Tech Peruana S.A. al consorcio conformado por las empresas Ecopetrol y Korean National Oil Corporation, por el monto de US$ 900 millones, mediante la venta del 100% de acciones de su casa Matriz Offshore International Group, a sabiendas que contenía irregularidades y el Ejecutivo contaba con todos los instrumentos legales y el conocimiento para detener esta operación.
Ello, conociéndose que por ley la operación debía realizarse en el país, bajo las leyes peruanas y con aprobación del Ejecutivo y además hallándose la empresa investigada en temas de espionaje telefónico.
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