El pasado 15 de agosto, la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República le remitió una carta al Gerente General de la Contraloría, Edgar Alarcón, expresándole su indignación por no haber transferido el saldo presupuestal de la entidad a la cuenta de los cesantes, tal como se había acordado.

Asimismo, le expresaron su oposición a la propuesta de trasladar el Banco de Datos de los Pensionistas al Ministerio de Economía y Finanzas, ya que ello agravaría la situación de las víctimas y entorpecería la ejecución de la sentencia de la CIDH.

La falta de voluntad para honrar la deuda se ve reflejada en las recientes declaraciones del Contralor General de la República, Fuad Khoury, quien en una entrevista radial eludió su responsabilidad, al afirmar que “esta deuda tiene que ser transferida al Ministerio de Economía y Finanzas, quien es el que finalmente tiene que honrar el pago”. Lo más preocupante es que el Contralor advirtió que su institución no tiene dinero para pagar. “La Contraloría no es una institución que genere ingresos. La Contraloría depende de los ingresos que le da el Ministerio de Economía y Finanzas”, enfatizó.

El abogado laboralista Javier Mujica Petit advierte que el caso sería debatido en el seno de la OEA en los próximos meses, lo que sentaría un mal precedente para el Perú a nivel internacional.