Diario La Pr
Confirman que hubo red de chuponeo
Una de las conclusiones del informe de la comisión parlamentaria sobre interceptaciones ilegales de comunicaciones sugiere que el pleno del Congreso apruebe acusar constitucionalmente al presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, por obstrucción a la investigación congresal, informaron fuentes parlamentarias.
Informe pide al Congreso acuse constitucionalmente a Villa Stein por obstrucción a investigación."
Cabanillas lo denunciará por difamación.
Trascendió que el informe final aprobado ayer en sesión secreta de la comisión que preside Oswaldo Luízar, decidió llevar al pleno la propuesta contra Villa Stein porque, según sus apreciaciones, les negó el acceso a importantes documentos de la investigación judicial sobre el caso BTR, es decir, los videos, audios y correos electrónicos hallados en las computadoras del marino Manuel Ponce, Carlos Tomasio y Giselle Gianotti que bajo la fachada de la empresa Business Track realizaba ilegales operaciones de inteligencia “chuponeando” comunicaciones.
Otra de las conclusiones a las que arribó la comisión Luízar es que existió una red de conspiradores que interceptaron ilegalmente las comunicaciones de varios personajes públicos, como Ollanta Humala, Lourdes Flores, Javier Pérez de Cuéllar, Ántero Flores-Aráoz, Pedro Pablo Kuczynski, Allan Wagner, etc.
Así también a Rómulo León Alegría y Alberto Químper, a quienes grabaron durante meses y sus audios fueron ampliamente difundidos y revelaron las actividades que realizaban para favorecer intereses privados extranjeros en negocios con el Estado, utilizando sus relaciones con altos niveles gubernamentales.
Entre los hechos más destacados, dijo la fuente, figura la interceptación telefónica realizada por la empresa Andrick Service a Marco Arana, un activista ecologista enfrentado a la empresa minera Yanacocha. También está consignado el “chuponeo” a la funcionaria de la embajada venezolana Virly Torres.
El congresista Luízar declinó dar detalles sobre el informe y sostuvo que éste no responde a ningún tipo de interés político, ni intenta perjudicar a parlamentarios de bancadas distintas a la suya. “Espero que la representación nacional también deje el cálculo político de lado y este informe sea aprobado en el más corto tiempo posible, para que las responsabilidades que se sindican en el informe puedan ser investigadas en las instancias que corresponden”, mencionó.
El informe fue acordado con los votos de Luízar (voto dirimente) y Cayo Galindo, mientras votaron en contra José Vargas, del Partido Aprista y Wálter Menchola, de Solidaridad Nacional. Vargas señaló que encuentra en el informe final aprobado un cálculo político y manipulación y anunció que posiblemente presente un informe en minoría.
“Creo que es un informe incoherente, plagado de absurdos y que no tiene relación lógica entre las causas y consecuencias a las que llega. Es un informe manipulado con la intención de afectar y han tratado de corregir al final, pero sigue teniendo ese carácter”, indicó.
La congresista Mercedes Cabanillas coincidió con su colega de bancada, en el empeño de desacreditar el informe, que le es desfavorable, y amenazó a Luízar con denunciarlo por difamación. “Él no ha hecho nada y sabe que evidentemente no va a obtener lo que él quería, esto es un acto de difamación y calumnia, a mí no me está acusando, es verdad, pero hay frases insidiosas (en el informe) que no se condicen”, sostuvo.
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