La bancada aprista pretende acusar constitucionalmente y desaforar a los congresistas nacionalistas Janeth Cajahuanca, Juana Huancahuari, Rafael Vásquez, José Maslucán, Marisol Espinoza y Víctor Isla, denunciándolos por los delitos de instigación a la rebelión y sedición, y encubrimiento personal, según un documento firmado por los congresistas del partido gobernante.
Este trámite, iniciado el pasado el 10 de junio, ha corrido paralelo a la suspensión aplicada a siete congresistas nacionalistas por la mayoría apro-Fujimorista-pepecista del Congreso, el 11 de junio, que incluye a tres de los acusados iniciales, y ha sido reiterado en una ampliatoria del 16 de junio, es decir, cuando estaba ya anunciado el cambio de posición del gobierno y el llamado del presidente Alan García a la paz y la reconciliación y cuando el Congreso preparaba una nueva votación para la derogatoria de los DL 1090 y 1064.
El pedido de acusación constitucional presentado por la misma bancada que el jueves levantó el brazo para derogar los decretos legislativos que habían tratado de sostener con maniobras y prepotencias hasta el viaje de Yehude Simon a Chanchamayo, pone en marcha un procedimiento para expulsar a la bancada nacionalista y parece indicar que el discurso de la concordia del aprismo es sólo un disfraz de su repliegue.
La acusación El fundamento por el que Mulder y los suyos se lanzan sobre los nacionalistas se basa en “hechos” como los siguientes: (a) presencia del congresista Víctor Isla en un evento de la Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, que declaró su apoyo a las movilizaciones de la selva; (b) reunión de cuatro congresistas nacionalistas con nativos en Condorcanqui (video propalado por Frecuencia latina y reproducido por “Correo”), en la que Cajahuanca declara que los decretos alteran el sistema de votación de las comunidades y cuestiona las atribuciones de Cofopri, Vásquez critica el reparto de medicinas pasadas, y Espinoza dice que los indígenas deben mandar en sus territorios; (c) denuncia de Rolando Reátegui contra Rafael Vásquez; (d) presencia de algunos congresistas al lado de Pizango, en una conferencia de prensa; (e) discurso de Vásquez en la Cumbre Amazónica en Tarapoto, que señala que la selva se desangra; (f) ayuda de Cajahuanca y Espinoza a Pizango para no ser capturado ¡cuando no tenía orden de captura!.
Con todos estos datos los acusadores deducen delitos que suponen alzamiento armado e intento de derrocar por la vía de las armas al gobierno, inducción al delito, sustracción de los inculpados a la justicia. Evidentemente, no hay una relación entre una cosa y la otra, y la sola existencia de una acusación de este tipo es un síntoma de grave amenaza sobre los derechos democráticos, entre ellos la libertad de pensar y de opinión.
Todo lo que la acusación aprista afirma que los congresistas han declarado en este tiempo es lo mismo que ha estado en el debate del Congreso y en la prensa, y no hay un solo señalamiento de responsabilidad en la muerte de policías que es, en todo caso, el daño mayor que se ha producido en los hechos del 5 de junio.
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