Amplíen extradición

Alianza aprofujimorista cada día se consolida.
Los recientes cambios en la Procuraduría que ve los casos Fujimori-Montesinos han generado la preocupación de los deudos de las víctimas de la matanza de 42 presos en el penal Miguel Castro Castro, ocurrida el 6 de mayo de 1992, pues temen que con la desactivación de esta oficina el gobierno no haga efectivo el pedido a la justicia Chilena para ampliar la extradición de Alberto Fujimori, a fin de que el ex dictador sea juzgado por este caso en el Perú.
Óscar Rodríguez León, hermano de Wilmer Rodríguez León, quien fue ejecutado extrajudicialmente en Castro Castro, dijo sentirse indignado porque el gobierno pretende que gane la impunidad al no permitir que Fujimori responda por este caso de violación de derechos humanos. “Preocupa que el gobierno pretenda hacer creer que Fujimori ya no tiene temas pendientes por responder ante la justicia, todo por no continuar golpeando su imagen. Además, el Estado no reconoce la sentencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Cidh) que ordena nos indemnicen por este caso”, dijo Rodríguez a LA PRIMERA.
Incumplen fallo
Luego Rodríguez detalló que hace tres años la Cidh sentenció que el estado peruano debe pagar una indemnización a los deudos de la matanza en Castro Castro, sin embargo ha transcurrido un año y medio y el Estado no ha apelado la sentencia y tampoco cumple el fallo del tribunal internacional. “Un año y medio tenían de plazo los abogados del estado peruano para apelar la sentencia y no lo hicieron. Desde octubre último intentamos comunicarnos con la procuradora supranacional, Delia Muñoz, para que nos diga cuándo será hecho efectivo el fallo de la Cidh y, pese a los intentos por comunicarnos con ella y las cartas que le remitimos, no obtenemos respuesta”, indicó Rodríguez.
Marcelo Puelles
Redacción
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