Amazónicos exigen cese de persecución racista

Las ocho organizaciones que integran la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) acusaron ayer al gobierno de haber desatado una “persecución racista contra los pueblos indígenas”.

Un comunicado de Aidesep dice que la organización ha sido informada que sobre sus dirigentes Saúl y Cervando Puerta Peña habría una orden de detención preventiva dictada por el juez de Utcubamba, provincia de Amazonas, por los luctuosos sucesos del 5 de junio del año pasado que dejaron un saldo de 34 muertos entre policías y civiles.

La resolución judicial, continúa el texto, habría sido concedida a pedido de la fiscal Olga Bobadilla, aunque por su carácter secreto, no son conocidas las razones y considerandos para que el juez haya adoptado la medida. Bobadilla negó haber hecho el pedido.

“Si se confirma esta detención, se estaría vulnerando el derecho a defensa y el debido proceso que tiene todo investigado, inculpado y procesado, más aún teniendo en cuenta que los dirigentes (Saúl y Cervando Puerta) vienen colaborando con la administración de justicia”, indica.

Resaltó que el juzgado habría tomado injustificadamente esta resolución, que para Aidesep “debe entenderse como una persecución por parte del Estado.”

Aidesep alega que las últimas declaraciones de los dirigentes Puerta, sobre el informe de la comisión investigadora de Bagua y otros temas, no pueden ser consideradas por el Poder judicial o el ministerio Público como premisas para solicitar la detención, pues según la Constitución no existe el delito de opinión.

“Si se detiene a los dos líderes, significaría una nueva provocación para los pueblos indígenas y sería una clara vulneración al debido proceso”, afirma el comunicado de la asociación que representa a cerca de dos mil comunidades nativas de la Amazonía.

Indicó además que este nuevo hecho será integrado a los expedientes que denuncian la persecución racista del estado peruano contra los pueblos indígenas, presentados a la Organización de Naciones Unidas (ONU), junto a un pedido de que los funcionarios del Comité Contra la Discriminación Racista de la ONU, de la Organización Internacional del Trabajo y el Relator de Pueblos Indígenas de la ONU realicen nuevas visitas a Perú.

Los nativos exhortaron al juez de Utcubamba a mantener el criterio que demostró al resolver por la situación jurídica de “comparecencia” para los dirigentes de Aidesep, Saúl y Cervando Puerta y piden a las organizaciones indígenas, sociales, de derechos humanos, parlamentarios, personalidades y sectores religiosos progresistas un pronunciamiento en defensa del debido proceso y por el cese de la persecución racista contra los nativos amazónicos.