Diario La Pr
Extorsionan a policías que reclaman deudas
La buena noticia para más de 300 Policías de la UDEX y la DINCOTE, a los que se les adeuda por 22 años los beneficios de la ley 24700 (doble pago por exposición al peligro en la lucha antiterrorista) fue saber que la abogada Juscamayta de la Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior había cambiado su informe, que opinaba por la no procedencia del pago, y aceptado el principio de que la derogatoria de la ley en 1992 no cancelaba los beneficios impagos desde 1987.
Entrampan expedientes. Denuncian que no quieren entregar beneficios por exposición de la vida en cumplimiento del deber."
Entrega. Agentes de la Policía arriesgan su vida en acción pero no ven retribuido el sacrificio.
La mala noticia es que los documentos se volvieron a atracar en la Dirección de Economía de la PNP, en las oficinas de una especialista con menos rango que los reclamantes pero con suficiente poder como para guardar los expedientes bajo llave. El técnico Darmis Barrera Saavedra es señalado como el nuevo obstáculo contra una demanda.
¿Y qué arguye este personaje? Varios son sus pretextos, que ya estamos en otro año y habría que hacer nuevas planillas (aunque la demora de pago sea de pura responsabilidad del Estado y de los comandos policiales); que hay varios generales y oficiales que han pasado al retiro y hay que hacer modificaciones en la situación de cada uno de los beneficiarios; que hay que hacer nuevos cálculos para los equivalentes a la moneda de la época de la ley. Es decir casi como plantear que todo tiene que volver a empezar.
Varios Policías consultados opinan que tras estas demoras hay un intento de extorsión a los Policías en el que estarían involucrados subalternos y oficiales. Algunos han mencionado que un técnico de apellido Pretell estuvo cobrando cupos de 500 soles, llegando a estafar a diversos Policías que luego descubrieron que el tipo no tenía ningún poder para poner o quitar nombres. El hecho es que la última de Barrera Saavedra es que devolverá el expediente al cuerpo jurídico de la Policía, a manos del mayor PNP Andrés Montero Rossini.
Con esto se estaría cometiendo un grave abuso contra personas que ya están bastante dolidas por las demoras. Lo que sienten es que no se les paga y que todo el sistema trabaja para no cumplir con ellos. ( RW)
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