Atentan contra prensa

Un dictamen que atenta contra la libertad de prensa expidió ayer la jueza del 54 Juzgado Penal de Lima, Irma Simeón Velasco al condenar a dos años de prisión suspendida al periodista de LA PRIMERA Efraín Rúa y al pago de cinco mil soles de reparación en favor de Alan Simón García Nores.

La demanda penal se origina en una represalia del hijo del presidente, por haber publicado Rúa una denuncia de los comuneros de San Pedro de Lloc (La Libertad) que acusan al gobierno de presionar por la venta de tierras comunales. Alan Simón aprovechó una declaración de los campesinos que lo vinculan con la empresa Gandules INC SAC, que ha adquirido esas tierras, para presentar una demanda por difamación contra Rúa y el director de LA PRIMERA, César Lévano.

Alan Simón alegó que Rúa utilizó la nota periodística para “pretender un efecto malicioso” contra “el Presidente de la República”. Añade la demanda que este medio de prensa fue usado para “cuestionar al más alto funcionario público de la nación…”. Y concluía que se “pretende atacar, afectar y deteriorar la imagen del presidente de la República y del gobierno de la República del Perú”, lo que confirma el carácter político de la acción judicial.

La jueza, tal como se demostró en la lectura de sentencia, no pudo probar que Rúa tuvo un ánimo de injuriar al hijo del presidente al publicar las declaraciones de los comuneros.

La jueza absolvió al director de LA PRIMERA, César Lévano, aduciendo que cumplió con publicar a tiempo la carta rectificatoria de la empresa Gandules, en la que ésta aclara que no tiene ningún vínculo con el hijo del presidente. Lévano dijo que la absolución debió ser también para Rúa porque el periodista sólo cumplió con publicar las declaraciones de los comuneros de San Pedro de Lloc.

“La jueza del 54 Juzgado Penal no utilizó el mismo criterio para absolver a Efraín Rúa, aduciendo implícitamente que la rectificación sólo valió para exculpar al director y no para el autor de la nota. O acaso la jueza habría querido que el diario haga dos rectificaciones, una por parte del director y otra por parte del periodista querellado. Eso resulta legalmente inconcebible e improcedente”, coincidieron en señalar los abogados de la defensa, Benjamín Álvarez y Carlos Hernández.

Los abogados apelaron al cuestionado fallo. Ahora será una Sala Penal de la Corte Superior la encargada de resolver la apelación al polémico fallo de la juez del 54ª Juzgado Penal que atenta contra la libertad de prensa en el país.

Rechazo
Juristas y representantes de organismos de derechos humanos coincidieron en señalar que el fallo que favorece al hijo del presidente de la República, constituye un grave atentado contra la libertad de información y dijeron que posiblemente la jueza haya cedido a presiones del poder político.

El director ejecutivo de la Asociación Pro derechos humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, calificó como un abuso de poder la sentencia, ya que el delito no fue comprobado y dijo que el fallo constituye una mal precedente para el gremio de periodistas.

Es más, indicó que el querellado sólo cumplió con su deber de publicar la denuncia de un grupo de comuneros de San Pedro de Lloc, que acusaron al gobierno de vender sus tierras a Gandules INC SAC.

“Además, fueron los propios comuneros quienes se han ratificado en lo dicho, en el sentido de que vieron con sus propios ojos al hijo del jefe de Estado, Alan Simón, ofertando trabajo a los comuneros que respaldaban a la empresa compradora Gandules”, replicó Soberón.

Por su parte, el ex procurador Omar Chehade, sorprendido por el injusto fallo contra Rúa, dijo que está claro que el diario LA PRIMERA sólo recogió la denuncia de los comuneros. “Entonces, no hay difamación ni ningún otro delito, ya que los denunciantes se han ratificado en su dicho”, replicó el jurista.

César Ascues Uribe
Redacción