Los comuneros de Asia han visto desaparecer en los últimos años sus chacras y
casas y ahora su playa. Malos dirigentes coludidos con empresarios y gente inescrupulosa, todos avalados por miembros del poder
judicial al servicio de los poderosos, siguen en su afán de despojar de sus ultimas tierras a vecinos que nacieron y pasaron toda la vida en el lugar que hoy habitan otros rostros que aparecen periódicamente en las paginas sociales y en las revistas de la farándula y la política.
Si bien para el presidente
Alan García los comuneros de Asia, al igual que los de Chilca y Cerro Azul, todos en la provincia de Cañete, pueden ser calificados como perros del hortelano, ellos contribuyeron durante décadas a la alimentación de los limeños y cuidaron la ecología del lugar.
Hasta hace 20 años los 866 comuneros y sus familias vivían en completa calma y armonía, sin pensar que, de pronto, sus tierras y particularmente su mar empezarían a ser vistos con ojos codiciosos y que sus derechos serían atropellados.
“Nuestra comunidad fue fundada oficialmente en 1930 y comprendía 26 mil hectáreas, desde el kilómetro 92 hasta el 119 de la Panamericana sur, pero pese a tener todos los poderes en contra no hemos perdido nuestra capacidad de lucha, no vamos a permitir que sigan usufructuando nuestras tierras”, afirma decidido el presidente del frente de defensa de la comunidad campesina de Asia, Ulises Arias Aburto.
El amigo de Montesinos
Aunque el despojo a los campesinos de Asia se inició antes, fue entre 1995 y 1996 que Fidel Chumpitaz, presidente entonces de la comunidad vendió en forma irregular una gran porción de terrenos junto al mar a diferentes familias entre las que se encontraba el animador televisivo Raúl Romero, amigo y defensor del asesor
Fujimorista Vladimiro Montesinos, lo que produjo enfrentamientos con los comuneros en los que hubo dos muertos.
Al mal dirigente lo sucedió desgraciadamente otro igual, Esteban García Huasasquiche, quien en 2004 independizó y vendió 50 hectáreas a Inversiones y Corredores Satélite SAC al irrisorio precio de 0.90 por metros cuadrado. La empresa, al parecer, sabiendo que se trataba de un acto ilegal y recurriendo a la figura del “tercero registral de buena fe” y sin siquiera tomar posesión del terreno, lo vendió a Inversiones Tenerife SAC que una noche pretendió desalojar a los propietarios, lo que provocó un fuerte enfrentamiento, en el que la policía disparó contra los pobladores, hiriendo a varios de ellos.
Reelección ilegal
Según Ulises Arias, el dirigente García, ante el éxito económico de las ventas, se hizo reelegir ilegalmente, violando los estatutos de la ley de comunidades. Es acusado además de haber falsificado declaraciones juradas, documentos y firmas como la de la comunera y abogada Cathy Campos, quien lo ha
denunciado ante la fiscalía de Mala. El dirigente ha seguido vendiendo terrenos con dueños, particularmente en el litoral, a empresas particulares como es el caso de Avícola San Fernando, a la que le ha cedido dos mil 126 hectáreas ubicadas frente al boulevar de Asia, por el lapso de 30 años, por 14 mil
dólares anuales.
“Mientras nos desalojan de nuestros terrenos de cultivo y nos impiden el paso a la playa, construyendo un muro, sin tener en cuenta que también nos desempeñamos como pescadores cuando la agricultura esta baja. Han llegado al extremo de vender la playa incluyendo los acantilados, gente nueva construye empresas y mansiones en lo que nos pertenece y lamentablemente también los registros públicos de Cañete se han prestado a esta farsa”, asegura Arias.
Denis Merino
Redacción
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