Apristas pretenden imponer proyecto de ley que atenta contra la libertad de expresión. Iniciativa tendrá prioridad en la próxima sesión de Comisión de Constitución.
La presidenta de la Comisión de Constitución,
Mercedes Cabanillas, se salió con la suya al poner como primer punto de la agenda de este grupo de trabajo, para el próximo martes, el proyecto de ley que establece desmedidas obligaciones de rectificación de personas afectadas por informaciones que aparecen en los medios de comunicación, lo que es repudiado por amplios sectores políticos y periodistas que lo consideran un atentado contra la libertad de expresión.
La iniciativa aprista desató cuestionamientos en junio, cuando la anterior comisión, que presidió el también oficialista y hoy vocero de la bancada aprista José Vargas, que aparece como autor del proyecto, intentó, sin éxito, convertirla en ley.
El congresista de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés
García Belaunde, dijo que el proyecto, que algunos señalan fue redactado en Palacio de Gobierno, pretende claramente colocar una mordaza bien grande a la prensa adversa al gobierno.
Precisó que el artículo 6 del proyecto de ley 2871-2008 tiene el objetivo claro de incluir como tercero civilmente responsable del delito de difamación al medio de comunicación. Es decir, las empresas periodísticas serán las que tendrán que pagar cuantiosas indemnizaciones que muchas veces pueden originar su quiebra y consiguientemente el cierre de sus locales.
“Esto me parece espantoso porque es una manera de amordazar al periodista y además a los dueños de los medios para que contraten mejor o para que digiten al periodista que tienen en su planilla, eso me parece que es una manera de asustar, de intervenir y afectar la libertad de prensa en el país”, remarcó.
La propuesta, enfatizó, si bien afecta a todos los medios, podría perjudicar más a los medios chicos e independientes. El legislador de Unidad Nacional Raúl Castro opinó que el cuestionado dispositivo pone en riesgo la libertad de expresión y en tal sentido mejor es que los medios ejerzan autocontrol para evitar dañar el honor de las personas sin necesidad de leyes que los limiten. Dejó entrever que quienes impulsan el proyecto no tienen la suficiente “correa” y piensan que las críticas les hacen daño.
Al respecto el parlamentario Yonhy Lescano denunció que el proyecto de ley, tal como está presentado, es un disparate, y lo único que busca es amedrentar, atarantar a los medios de comunicación social críticos del gobierno.
“Es una ley innecesaria y redundante porque lo que tiene que legislarse en esa materia está ya bien estipulado en la Constitución y en la Ley de Prensa. Y si algo no está claro, pues para eso está el Consejo de la Prensa Peruana”, recalcó.
El parlamentario José Vargas alegó que su proyecto no amenaza a la libertad de expresión. “Lo que pasa que el derecho a la rectificación es fundamental y está consagrado en la Constitución, es la contraparte al derecho de la información. Los ciudadanos tienen el derecho de ser informados, pero ese derecho, como todos, tiene un límite, que es el derecho al honor y a la reputación de las personas”.
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