Un grupo de destacados intelectuales se pronunció contra el Estado de Emergencia decretado por el gobierno en nueve distritos de la Amazonía y demandó detener los devastadores e irreversibles impactos ambientales en los ecosistemas acuáticos y terrestres de la Amazonía que provoca la implementación de tratados de libre comercio.
Recordaron que las movilizaciones indígenas obligaron al Congreso a derogar dos decretos legislativos que atentaban contra los pueblos indígenas y sus recursos y encarga a una comisión multipartidaria el análisis de otros decretos impugnados por los nativos, pero el informe de ese grupo de trabajo, favorable a la derogatoria, fue encarpetado durante cinco meses. Recién, como consecuencia del reinicio de la huelga amazónica, el informe fue debatido sorpresivamente en el pleno del Congreso el jueves 7 de mayo y luego fue remitido a la Comisión de Constitución a través de una maniobra del APRA y sus socios políticos.
Tras señalar que la Amazonía peruana será el recurso estratégico del Perú en el siglo XXI, por su riqueza en agua, energía y biodiversidad, advirtieron que la están destruyendo la lotización petrolera y gasífera, la minería aurífera, la masiva e ilegal extracción forestal, el narcotráfico y otras actividades extractivas.
Entre los firmantes figuran Alberto Adrianzén, Pedro Francke, Sinesio López, Carlos Adrianzén, Nicolás Lynch, Hugo Cabieses, Ricardo Soberón, Roger Rumrrill, Salomón Lerner G., Humberto Campodónico, Jürgen Schultz, Eduardo Ballón, Roxana García Bedoya, Carlos Monge, Ricardo Giesecke, José Oscátegui.
Igualmente, Álvaro Campana, Marisa Glave, Marisa Remy, Cecilia Israel, Isabel Coral, Félix Jiménez, Francisco Durand, Fernando Eguren.
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