García patea el tablero

Reacciones de rechazo provocó la decisión del gobierno de declarar el Estado de Emergencia, durante 60 días, en varios distritos de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas, con la intención evidente de frenar la protesta de comunidades nativas e indígenas que por más de un mes exigen al gobierno, a través de paros, tomas de instalaciones petroleras y bloqueos de ríos y carreteras, la derogatoria de una serie de leyes y decretos legislativos considerados lesivos a los intereses nacionales y a los territorios que constituyen su hábitat.

Un decreto firmado por el presidente Alan García determinó la suspensión de los derechos fundamentales de los nativos y dejó a estos expuestos a acciones represivas de la policía y las Fuerzas Armadas, que podrán detener ciudadanos y allanar casas y locales discrecionalmente. El Estado de Emergencia les prohíbe además reunirse, hacer manifestaciones y transitar libremente, en los distritos de Echarate y Kimbiri, en el Cusco; Sepahua, en Ucayali; Napo, Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche, en Loreto, e Imaza, en Amazonas, donde, según dirigentes indígenas, ayer mismo comenzó la movilización de tropas.

El congresista Róger Nájar advirtió que la medida “demuestra que el gobierno prefiere emplear la fuerza y no tiene la voluntad de diálogo para solucionar las demandas de los nativos” y llamó al pueblo amazónico a no desmayar en la lucha por sus justas reivindicaciones hasta convencer al presidente García de que dialogue.

Medida arbitraria
Para la congresista Elizabeth León, decretar el Estado de Emergencia es una medida por demás arbitraria. Responsabilizó al gobierno del conflicto iniciado el 9 de abril, porque fue provocado por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que deja la puerta abierta para la privatización de las tierras, el agua y otros recursos naturales.

“El problema existe porque el gobierno firma acuerdos comerciales con otros países dejando de lado el adecuado tratamiento de la agenda interna que debe incluir el desarrollo de los pueblos andinos y amazónicos. Firmar tratados internacionales sin consultar qué es lo mejor para los pueblos genera estos conflictos”, sentenció León.

Por su parte, el premier Yehude Simon, en un intento de justificar el Estado de Emergencia, sostuvo que los actos de protesta en la selva son manipulados políticamente y trató de culpar a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que dirige el movimiento, de negarse al diálogo en busca de un consenso sobre temas como el desarrollo de proyectos petroleros que depredan la selva, según los indígenas.

En tanto, las protestas en la selva continúan y por segundo día consecutivo un grupo de indígenas dejó sin agua y energía eléctrica la estación 5 de PetroPerú, en la provincia loretana de Datem. El bombeo de crudo en la estación 5 está paralizado desde hace más de una semana.

La lucha continúa
A pesar de la declaratoria de emergencia, el presidente del comité indígena de lucha de Loreto, Wagner Musolini, confirmó que los nativos no van a abandonar las zonas de conflicto y menos van a cesar las protestas, aunque otras versiones afirman que en otras zonas hay repliegues.

“Vamos a seguir con nuestra movilización nacional”, afirmó el dirigente de Aidesep, organización que instruyó a todas sus bases a continuar la lucha.

Por otra parte, en Lima, desde el último viernes un equipo periodístico del programa “Panorama”, viene hostigando a dirigentes y trabajadores de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva (Aidesep) con preguntas relacionadas a sus sueldos y a las fuentes de financiamiento de esta organización. Así lo denunciaron profesionales que laboran en la referida asociación.

El secretario general de AIDESEP, Alberto Pizango, presentará esta semana una demanda por difamación contra el congresista aprista Mauricio Mulder, quien dijo que Aidesep recibe 14 millones de dólares de financiamiento de entidades internacionales, lo cual es falso.