Los periodistas que creen que la prensa es un poder supremo me causan mucha gracia. Aludiendo a los congresistas, hablan de los otorongos que no devoran otorongos, pero de ellos podría decirse que son unicornios que no tocan a otros unicornios ni con el pétalo de una frase. Con lo que demuestran que hay también un gremialismo mafioso en el mundo del “cuarto poder”.

Dicen esos periodistas, por ejemplo, que hay que despenalizar los delitos en contra del honor porque eso es lo más justo y lo más proporcional.

¿Justo para quién y proporcional para quiénes?

¡Justo para los perpetradores del delito y proporcional para los dueños de la prensa!

Esa falta de pudor me asombra. Que haya periodistas que exijan la despenalización de los delitos en contra del honor es como si hubiese abogados que demandasen la impunidad para la figura de la coima y la práctica del aceitado judicial (o su conversión en falta castigable con una sanción económica).

Es como si los médicos pidiesen que la mala práctica sólo se castigase con una multa. O como si los ingenieros civiles quisieran que el colega ladrón que le puso menos concreto a la mezcla y produjo la caída de un edificio estuviese al margen del código penal.

Siendo sinvergüenza que la prensa pida la impunidad para sí misma, lo que resulta pintoresco es que todo esto surja a partir de la aplicación de la ley vigente en el caso de la señora Magaly Medina.

Que la señora Medina sea considerada por Gustavo Mohme una colega cabal, no me extraña. Que el señor Mohme esté convencido de que el honor lesionado se repara con un cheque, no me sorprende. Que el anodino Consejo de la Prensa suponga que el honor es un asunto secundario, dice mucho de algunos de sus integrantes. Pero que algunos ilustres periodistas decididamente alfabetos –y algunos hasta editados- metan su cuchara en esto y aboguen en la misma dirección que Nakazaki me resulta muy extraño.

La prensa pide sus propios e inaceptables privilegios en relación al código penal pocos años después de que el país se enterara qué clase de podrida prensa secretaba la televisión de Fujimori, la prensa escrita del gordo Bressani y los pasquines que Pepe Olaya empleaba para ensuciar a los enemigos del régimen.

¿O sea que esos delincuentes sólo debieron pagar una indemnización, barrer una calle, cumplir con una multa? ¿O alguien puede creer que con el poder judicial que tenemos los castigos pecuniarios serán a la inglesa? ¡No! ¡Serán como los choros (a la chalaca) y una nueva generación de olayas volverá a hacer de las suyas!

Pero algunos unicornios no sólo solicitan un estatuto de corsario en relación a los delitos en contra del honor. Lo que quieren, además, es que todos aplaudamos el uso de la interceptación telefónica practicada por maleantes del petróleo en contra de otros maleantes del petróleo.

Y a raíz de que “El Comercio” ha empezado un periodo de fumigación y ha expulsado a un par de canallas que sólo ensuciaban su plantilla, estos muy honorables y éditos periodistas solicitan una definición moral: o estamos con ellos (y con sus canallas) y, por lo tanto, con la verdad y los fueros de la prensa; o estamos en contra de ellos y, por lo tanto, en contra del ejercicio de la libertad de prensa.

Como si recibir grabaciones de unos petroleros en cuitas tributarias fuese periodismo de investigación. Y como si la intervención de un abogado que recibió 29,000 dólares de dinero negro de Fujimori fuese garantía absoluta de limpieza. Y como si los periodistas fuesen Midas que convierten en oro lo que viene de la mugre y en mugre lo que se les antoja a los propietarios.

Esos audios secuestrados por la interceptación, esos correos entregados por un juez ávido de figurar, aparecieron mal y desnaturalizados desde el primer momento.

Porque lo que debió hacer “Cuarto poder” fue decirle a sus televidentes de dónde procedía ese material, qué posibles intereses mezquinos podían estar detrás de su entrega, en qué contexto comercial (y casi policial) podían entenderse. Eso hubiera sido lo honesto. Así habrían caído Rómulo León, Alberto Químper, César Gutiérrez y cuantos debían caer del lado del gobierno. Pero así habrían caído también los perros de la guerra interesados en desaparecer a Petroperú, en vengarse de PeruPetro y en borrar a la competencia de la disputa por los lotes en un momento en que el petróleo estaba a 140 dólares por barril.

Los audios tendrían que haber sido parte de una nota más amplia y menos maniquea. Pero, claro, eso era lo difícil. Lo barato y lo fácil era sacarlos tal como los entregó el emisario de los petroleros poderosos, poner cara de indignación ciudadana, suspirar como novicia rebelde y ganarse, de inmediato, el respaldo del señor que ganó mucho dinero con cepris y copris y apoyos cuando Fujimori nos hacía la vida imposible a muchos.

Francisco Miró Quesada Rada quería, precisamente, colocar esos audios en su exacto nivel y, además, definirlos como recursos ilícitos que, en este caso, pensando en el interés público, debían ser usados con el asco del caso y con la nariz tapada que el sentido común aconsejaba.

Que una alimaña de la prensa, que fue capaz de inventar documentos de aduana con tal de chantajear a Bavaria o de torcer testimonios de sicarios con tal de tratar de enlodar a quien le mandaron odiar, que una alimaña de la prensa, digo, quiera ahora hacerse pasar por héroe incomprendido es un chiste judío, pero de los malos.

Y sólo habría que reír si no estuviésemos asistiendo a estas jornadas de mercaderes y fariseos de la prensa. Ayer, por ejemplo, un diario de los hermanitos Agois publica frases personalísimas de correos privados que tienen que ver con la señora María Cerdeña, presunta amiga íntima de Rómulo León. ¿Con qué derecho se agrede a la señora Cerdeña? ¿Qué relevancia pública pueden tener sus presuntos correos íntimos con Rómulo León? ¿Qué otro objetivo que vender más copias puede tener ese pasquín que es propiedad de gente que le debe a la Sunat lo que nadie podría deberle?

¿Es esta prensa sin escrúpulos la que debemos defender? ¿O la que afirma que bien vale una correspondencia violada, una conversación grabada sin orden del juez, un fax robado si es que con eso vamos a hacerle el juego a una empresa petrolera que quiere hundir a otra?

Yo recuerdo que alguna vez alguien interceptó una conversación asustada entre Montesinos y Fujimori y esa conversación se difundió y pasó a la historia universal del ridículo. Yo mismo he pasado conversaciones telefónicas interceptadas cuando he juzgado que su relevancia política o ética estaba muy por encima de la consideración que podía merecer el origen ilegal de la grabación. Los vídeos de Montesinos –ilegalmente grabados e ilegalmente sacados del SIN- son una prueba de que la prensa sí puede, cuando el objetivo nace de la generosidad de informar, echar mano a pruebas obtenidas al margen de la ley.

Pero de allí a proponer la inmersión de la prensa en una especie de autorizada clandestinidad, hay una enorme distancia. La prensa no es un poder. Es un servicio que corrige al poder. Pero en el Perú de hoy, cada vez más, la prensa es mujer del poder económico y amante del poder político. No es el “cuarto poder”. Es el poder del cuarto.