Cuatro desaparecidos pertenecían a rondas

El consejero regional por Huanta, Zacarías Morales, informó a LA PRIMERA que hoy entregará al Juzgado en Derecho Constitucional de Ayacucho, los registros que confirman que cinco de los desaparecidos durante la incursión militar realizada el 14 de setiembre, en el poblado ayacuchano de Pichis-Río Seco, sí existen y que pertenecieron a los Comités de Autodefensa del Valle de los Ríos Apurimac-Ene (VRAE), grupo que cumplió un importante papel durante la lucha antisubversiva de las dos últimas décadas.

“Hasta tenemos los padrones que confirman que hace un mes, estas personas se presentaron en el Batallón de Infantería de Huanta pidiendo ser reconocidos y registrados con los armamentos que les dio el gobierno Fujimorista para cumplir con su trabajo de seguridad. Incluso, el esposo de la denunciante Lucy Pichardo, Félix Canchanya, fue vicepresidente de un grupo de ronderos”, expresó la autoridad esperando que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz se rectifique.

Agregó que también tienen las partidas de nacimientos de algunos de los desaparecidos y de los dos niños, y que confiaba que los cuatro cadáveres hallados en una fosa de la zona donde se realizó la intervención militar y que actualmente se encuentran en la morgue de Ayacucho para la necropsia de ley, correspondan a los pobladores Félix Canchanya, Rosa Flores y a Maximiliano y Alejandro Pichardo.

Por su parte, el Comisionado Adjunto para la Paz y el Desarrollo de Ayacucho, Carlos Condori, quien viajó a la zona del conflicto como parte del comité de autoridades y organismos de derechos humanos, confirmó a LA PRIMERA que cerca de mil familias de los poblados jóvenes de Nueva Esperanza, Jesús de Belén, José Olaya, Villa Progreso, Valle Hermoso, Palmeras y Río Negro fueron obligadas por los militares a desplazarse a la zona del Mantaro debido a un operativo que se no se veía hace más de una década en la zona y del cual fueron advertidos apenas, 48 horas antes.

“Los afectados piden que se les diferencie de los terroristas, quienes siempre han estado de paso por las comunidades, asegurándoles protección, pero que ante decisión del gobierno de intervenir en el VRAE, huyeron de la zona complicándoles la vida pues han tenido que abandonar sus viviendas y cultivos teniendo que vivir a la intemperie”, informó.