Norberto Lamilla, abogado de los deudos de las víctimas de Putis (Ayacucho), consideró como mera pose que esconde una real intención de no colaborar con la justicia, la promesa del ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, de responder a los pedidos del Poder judicial y el ministerio Público con relación a los militares que sirvieron en esa localidad ayacuchana, donde más de un centenar de campesinos fueron masacrados por militares.
Lamilla enfatizó que los deudos de las víctimas han pedido al ministerio Público que exija al ministerio de Defensa esa información y añadió que, si Flores-Aráoz tuviera una sincera intención de apoyar al esclarecimiento de la masacre, habría atendido las peticiones realizadas a sus antecesores.
Recordó que en otros casos de crímenes de lesa humanidad y ante la exigencia de que brinde información sobre los militares implicados, Flores-Aráoz se negó con el argumento de que las listas con los nombres de los uniformados fueron incineradas.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora de derechos humanos, Ronald Gamarra, dijo que el gobierno maneja un doble discurso respecto a los organismos de derechos humanos, pues internamente critica sus demandas de justicia, mientras internacionalmente suscribe cuanta declaración de derechos humanos se le presenta y proclama la vigencia de éstos en el país.
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